“Vinimos. Vimos. Murió”, dice Hillary Clinton entre risas ante las imágenes del linchamiento de Gadafi que le mostraron cuando una periodista la iba a entrevistar.
La Secretaria de Estado insiste en que no sabía que la estaban grabando y que no estaba segura de la autenticidad de las imágenes. Sus explicaciones llegaron tarde: el video de Youtube había circulado por Internet durante horas.
Los representantes del país autoproclamado “campeón de los derechos humanos” han vuelto a confundir venganza con justicia. Barack Obama había repetido el “se ha hecho justicia” de Bush tras el ahorcamiento de Sadam Hussein al enterarse del asesinato de un bin Laden enfermo y desarmado. Se perdió la oportunidad de capturarlo para que fuera procesado por la Corte Penal Internacional , que Estados Unidos ha menospreciado y bloqueado con tratados bilaterales para que otros países no ratifiquen su estatuto. Todo por no concebir que un tribunal internacional juzgue a sus nacionales por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluso cuando los han cometido en Irak y en Afganistán.
La OTAN y sus aliados tenían la tarea de proteger a la población civil de violaciones graves de derechos humanos. Pero los bombardeos de poblados con una alta concentración de seguidores gadafistas, con miles de víctimas civiles, dejan ver que se trataba más de hostigar a un bando que proteger a la población civil. Se trataba de quitar a Gadafi del poder.
El Consejo Nacional de Transición de Libia mira hacia otro lado ante posibles investigaciones sobre las circunstancias de la muerte del dictador libio y de al menos otras 76 personas, cuyos cadáveres se encontraron maniatados. Los verdugos de Gadafi se han peleado por aparecer en las cámaras desde entonces, sin tener en cuenta las posibles consecuencias. Entre ellas, investigaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad, como piden Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Además de los “rebeldes” que lucharon contra Gadafi, la OTAN podría salir mal parada de esas investigaciones por su fracaso a la hora de proteger a los civiles de violaciones graves de derechos humanos, tarea delegada en ella por Naciones Unidas. La responsabilidad de proteger no se limitaba a los opositores del dictador libio, sino que incluía al conjunto de la población civil. Los indicios de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones sumarias a cargo de los grupos opositores al tirano sugieren una utilización de la responsabilidad de proteger como instrumento para “justificar” las operaciones armadas y el cambio de régimen.
