El presidente de Perú, Ollanta Humala, superó el primer mes de mandato con elogios de diversos sectores antagónicos. La confianza de los mercados, de los indígenas, de las empresas mineras, del Congreso, de los medios y de un amplísimo espectro social permite que el mandatario avance en las reformas de inclusión social prometidas sin deteriorar el crecimiento macroeconómico que viene experimentando el país en los últimos diez años.
El mayor temor de los peruanos que no votaron a Ollanta Humala consistía en que luego de años de discurso nacionalista y de izquierda desalentara las inversiones y condicionara el crecimiento sostenido que Perú mantiene desde hace una década.
No sólo no descuidó la macroeconomía, sino que además en su primer mes de gestión impulsó importantes medidas sociales inclusivas y además disipó la desconfianza de los capitales externos para invertir en Perú.
Estilo sobrio pero firme
Muchos medios se han quejado del hermetismo del presidente a un mes y unos días de haber asumido. Pero Humala tiene un estilo diferente al del verborrágico Alan García. Mantiene la prudencia en sus palabras y ordena directamente a sus ministros las cuestiones fundamentales para comenzar a establecer la marca de su gobierno.
Además, demostró una agilidad en su gestión al asumir personalmente la presidencia del Comité Nacional de Seguridad Ciudadana y anunció algunas medidas como la creación de un fondo contra la inseguridad, el restablecimiento del orden en las cárceles y el servicio policial voluntario.
En tanto, el diálogo con gremios y organizaciones sociales permitió destrabar algunos conflictos arrastrados de gobiernos anteriores.
Exitosa Negociación con la Industria Minera
Humala logró sentarse en la mesa de diálogo con el sector minero, que es la industria más importante de Perú, ya que el 60% de las exportaciones totales corresponden a los minerales.
Gracias a la bonanza de los precios internacionales de los productos, como el oro, plata, zinc y cobre, el gobierno acordó que anualmente las empresas paguen un impuesto de 1.100 millones de dólares, con el objetivo de que esos fondos sean destinados a crear puestos de trabajo y a reducir la pobreza a menos del 20 por ciento –actualmente los índices superan al tercio de la población-.
El sector fue privatizado por Alberto Fujimori en 1991, que fijó tasas de hasta el 3% de las ganancias de las empresas. Esto produjo una lluvia de inversiones que incluyeron a más de cien compañías mineras de todo el mundo.
Mientras que García desaprovechó una oportunidad histórica para gravar a las exportaciones mineras, Humala acordó con las firmas de este sector que se va a elevar el impuesto, siempre y cuando los precios continúen altos.
Los contratos de estabilidad tributaria establecidos por el fujimorismo, que mantienen un bajo impuesto a las ganancias de las empresas, van a ser respetados por Humala, pero se van a agregar contratos complementarios que van a permitir elevar el canon.
Aún resta negociar cómo se va a aplicar, pero el gobierno tiene un plan. En primer lugar no va a gravar el monto de las exportaciones, sino de las ganancias netas de las compañías. Habrá dos categorías, una que va del 1 al 7% de las ganancias para las firmas que ya tengan suscripto un contrato de estabilidad tributaria y otra que oscila entre el 2 y el 14% de las ganancias para las empresas que no hayan firmado esos acuerdos.
Ley de Consulta previa
Lo importante de la negociación con las compañías mineras es que Perú va a ser uno de los pocos países de la región que va a incluir una consulta a los pueblos originarios que viven en las zonas mineras.
El Congreso aprobó por unanimidad que se realice este referéndum, una vez que finalicen las negociaciones con las empresas mineras.
La contaminación de los suelos y del agua fueron los principales perjuicios que la minería les provocó a los indígenas, quienes habían recibido a las empresas con esperanzas de conseguir nuevos puestos de trabajo. Aunque los beneficios laborales sólo se produjeron en la fase inicial de las extracciones.
Inclusión Social
La minería no suele dejar importantes divisas a los países que aportan sus materias primas. Por eso, esta renegociación servirá para paliar la pobreza de las comunidades peruanas que habitan en las zonas de explotación.
Humala cumplió una de las promesas de campaña, que fue aumentar el salario mínimo en 28 dólares, llegando hasta los 250 dólares.
Además, sumó al presupuesto de la educación unos 600 millones de dólares anuales a los fondos que ya estaban destinados para ese fin. La renegociación con las mineras va a sumar un 0,5% al PBI, lo que es insuficiente para atacar las necesidades sociales, pero es mucho más de lo que han hecho sus predecesores en más de dos décadas.
Expectativas
En general, la gestión ha tenido la aprobación de sectores antagónicos y de la prensa. El principal obstáculo será la crisis económica mundial, que de acuerdo con varios economistas desacelerará el crecimiento del país, pero continuará por encima del 6%.
Días atrás, la agencia Standard & Poor's subió la calificación crediticia de Perú, situándola en un escalón más elevado del grado de inversión, lo que demuestra la confianza de los mercados en Humala.
Pero el interrogante que se plantea es cómo sostener y conciliar las posturas de diferentes sectores en el tiempo. Por ahora, Humala goza del consenso social, de los sectores indígenas, de los empresarios nacionales, de los medios, de los mercados, del sector financiero, de los inversores extranjeros y de un amplio espectro de todas las clases sociales rurales y urbanas.
La intuición y el equilibrio político que deberá mantener el presidente es crucial para sostener en el tiempo la cohesión social, sin desacelerar la economía ante un panorama internacional turbulento y sin defraudar a los sectores necesitados que depositaron su confianza en el llamado “Lula peruano”.
