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actualizado 13 de abril 2012
Una ley translúcida
España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que carece de una legislación que regule la transparencia de los organismos públicos
Por Víctor Martínez González
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El gobierno español pretende dotar de mayor transparencia a las administraciones públicas, ministerios y a los altos cargos, salpicados por varios escándalos de corrupción en los últimos años. Para ello ha elaborado un anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que permita a los ciudadanos solicitar documentación relativa a la actividad pública de los poderes del Estado, siempre que no tenga el sello de confidencialidad. El borrador presenta no obstante varias trabas y restricciones, algunas demasiado vagas y ambiguas, a la hora de solicitar la información. Las peticiones podrán ser rechazadas si la administración considera que existe un “perjuicio para los intereses económicos y comerciales, la política monetaria y la protección del medioambiente”, lo que dificulta la lucha contra la corrupción política.

España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que carece de una legislación que regule la transparencia de los organismos públicos. La opacidad permite a las administraciones ocultar datos públicos de sanidad, seguridad, justicia o medioambiente. De este modo, al ciudadano le resulta imposible saber en qué gastan los partidos políticos y sindicatos el dinero del contribuyente, conocer las cifras de policías y jueces sancionados, las listas de soldados muertos o heridos en misiones, las estadísticas detalladas de robos y violaciones, las tasas de mortalidad por infecciones en hospitales, el número de pacientes fallecidos mientras aguardan a ser operados, o los contaminantes tóxicos hallados en los alimentos.

Lo que muchos consideran una simple corruptela política supone, en ciertos casos, un atentado contra la salud del sistema democrático. El caso que mejor retrata esta negligencia es el de un informe de 2003 elaborado por el Instituto Español de Oceanografía, un organismo público, que recogía una serie de investigaciones en las que se habían detectado altas concentraciones de mercurio en algunas especies de pescado. El informe, que incluía un sello de confidencialidad, no se hizo público hasta 2011, ocho años después, y tras varias batallas judiciales entre ONG y el Ministerio de Medio Ambiente. El Gobierno se vio obligado entonces a emitir un comunicado en el que desaconsejaba a menores y embarazadas consumir las especies afectadas por el tóxico.

“La falta de voluntad política de nuestros gobernantes y la secular inercia negativa y resistencia al cambio en las instituciones públicas ha hecho imposible que contemos con una ley como la que existe en otros países”, apunta Jesús Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la ONG Transparencia Internacional España. Con este borrador, España pretende equipararse a países como Estados Unidos, Reino Unido, Bulgaria, los países nórdicos y algunos Estados latinoamericanos como Uruguay o Chile. En algunos, la aplicación de la ley es tan estricta que la comisión encargada de su cumplimiento posee una condición similar a la de un juez, con facultades para sancionar en caso de violación de la normativa.

El anteproyecto de ley de Transparencia en España presenta una serie de deficiencias que minarían su eficacia. Para empezar, el gobierno no prevé la creación de un órgano independiente que supervise su aplicación y que pueda imponer sanciones. Sin ellas, no se podrá castigar las violaciones de derecho o la destrucción de documentos. Las administraciones podrán denegar la información relativa a defensa, salud pública, medio ambiente o investigaciones criminales y denegar solicitudes “manifiestamente repetitivas y que tengan carácter abusivo”, es decir, que sean demandadas por un gran número de ciudadanos. ¿El motivo? Frenar las peticiones de los movimientos sociales, muy activos en el último año. La ley tampoco se aplicará a la Casa Real o al Banco de España, ni se podrán conocer la totalidad de las cuentas de partidos políticos, sindicatos ni patronales. En caso de silencio administrativo, la ley no obliga a justificar el motivo de la denegación ni permite recurrir.

En los países en los que se obliga a las instituciones públicas a rendir cuentas de forma transparente, los índices de corrupción son los más bajos y la satisfacción ciudadana es mucho mayor. En una época de brutales recortes, los ciudadanos tienen derecho a saber en qué criterios se basan los gobernantes a la hora de aplicarlos. La creación de una ley de Transparencia justa y eficaz es hoy más necesaria que nunca.

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