Cada año, los países empobrecidos pierden más dinero por evasión de impuestos del que reciben en concepto de ayuda al desarrollo. Por cada dólar de ayuda que se destina a estos países, se pierden siete debido a la corrupción y la fuga de capitales por medio de paraísos fiscales, una cantidad equivalente a 160.000 millones de dólares anuales.
En medio de la tempestad financiera y económica, no se han emprendido las medidas que prometieron los líderes mundiales cuando estalló la crisis. El G-20 tan sólo ha publicado numerosas listas que recogen los territorios considerados paraísos fiscales. La última incluye a las Seychelles, Liechtenstein, Uruguay, Botswana, entre otros territorios que se niegan a colaborar en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Los paraísos fiscales o lugares “offshore”, es decir, libres de impuestos, se crearon en Estados Unidos y Europa para proteger los grandes capitales y permitirles escapar del control de las diferentes autoridades estatales. En un principio, esto se realizaba con secretismo pero la globalización de los mercados mundiales por medio de las nuevas tecnologías han hecho que los bancos offshore hagan publicidad incluso en Internet.
Las inversiones directas que proceden de los países miembros de la Unión Europea a estos territorios se han multiplicado por once en el último año. De los 5.300 millones registrados en el 2010 a 58.900 de euros, según estadísticas de Eurostat. De manera global, ese flujo de capital ha ascendido a 903.000 millones de dólares.
Estos territorios se sitúan como el segundo destino receptor de flujos de capital, sólo por detrás de Estados Unidos. Esta fuga de capitales es contraria a la justicia tributaria y contribuye a la inestabilidad financiera. La mayor parte de esos fondos provienen de Asia y África, más necesitados de esos recursos para garantizar servicios públicos y de protección social.
De la evasión total de capitales ilícitos al año, la mitad está relacionada con la actividad de multinacionales. Sin embargo ponerle fin a la actividad en estos territorios es un asunto complejo. Muchos de estos paísesoffshore dependen de este limbo tributario para sobrevivir, y muchos países empobrecidos los consideran un mal menor a la hora de atraer inversiones extranjeras, que alivian su falta de de liquidez.
Las medidas para impedir la fuga de capitales no han dado resultado, quizá porque carecían de ambición desde el principio. Las principales acciones han ido dirigidas a ejercer presión sobre las autoridades de los territorios con “ventajas fiscales”, especialmente que acaben con el secreto bancario. No bastan las “concesiones” que se lograron tras las amenazas de incluir estos territorios en “listas negras”.
Sorprende la falta de cooperación mundial para acabar con esta sangría en momentos de empobrecimiento de clases medias y bajas y de amenaza para servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y las pensiones.
A pesar de que estos territorios no han causado la situación económica actual, sin duda han contribuido. Un número elevado de entidades financieras han canalizado su compra de activos a través de los paraísos fiscales, y son muchas las que incluso han abierto sucursales en dichos territorios. Esto les permite llevar a cabo actividades que de otra forma serían inviables, en numerosos casos de dudosa legalidad, además de enfatizar el desequilibrio entre unos territorios que acumulan patrimonios y capitales, y otros que no pueden emprender acciones coordinadas para impedir la huida de capitales por falta de cooperación en el plano internacional. Antes de recortar en derechos básicos, los líderes tenían que aprobar medidas para acabar con los paraísos fiscales, que agravan las injusticias con las que nos invaden a diario los medios de comunicación.
