La destitución de Fernando Lugo en Paraguay es comparable con el quiebre institucional que sufrió Honduras en 2009. En ambos casos se alegaron motivos democráticos para remover a los presidentes. Latinoamérica vivió una década de intentos desestabilizadores del orden constitucional en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Son fundamentales las posturas que adopten la OEA, UNASUR, MERCOSUR y el gobierno de Estados Unidos para resolver la crisis que afecta a la democracia en otro país de la región.
Durante la última década varios presidentes latinoamericanos debieron abandonar el poder por diversos motivos, principalmente por golpes tildados de “democráticos” y por desestabilizaciones políticas.
Terminada la era de las dictaduras en 1990 con la entrega del mando de Pinochet, América Latina pareció encaminarse en el camino de la democracia poniendo fin a cruentos golpes militares apoyados por Washington, principalmente los que estuvieron dentro del Plan Cóndor.
Las democracias abrazaron en su mayoría la lógica neoliberal del libre mercado, hasta que las guerras de Afganistán e Irak distrajeron la atención y los recursos de Estados Unidos hacia Oriente.
Así fue como en la región surgieron gobiernos de centroizquierda que se alejaron del alineamiento automático de las políticas dictadas por Washington, provocando por ejemplo el fracaso del ALCA.
Surgió así un nuevo bloque latinoamericano liderado por Brasil y en el que Venezuela tiene un gran peso.
Golpes “Democráticos”
El quiebre institucional que atraviesa Paraguay con la destitución de Fernando Lugo en un veloz juicio parlamentario es parte de esa doctrina de golpe de Estado disfrazado de sucesión democrática.
Los cargos que se le imputaron a Lugo fueron más ideológicos que delictivos. Por ejemplo se mencionó en el Congreso que el presidente impulsó el enfrentamiento entre paraguayos. En realidad, Lugo poco pudo hacer por los campesinos sin tierra desesperados, cuyos índices de desnutrición son altos.
Tampoco logró mejorar significativamente las condiciones de los pequeños productores, sino solamente implementar una canasta de alimentos para 210 mil familias que quedaron relegadas de la injusta distribución de tierras; método profundizado durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
De todas maneras, los sectores hegemónicos percibían en Lugo un obstáculo para su expansión.
Los carperos, campesinos descontentos con la inacción forzada de Lugo, conforman el movimiento más rebelde dentro de las filas de los sin tierra, pero en ningún momento actuaron violentamente, por eso llama la atención el enfrentamiento con la policía, que dejó al menos 17 muertos.
El caso paraguayo es comparable con lo que sucedió en Honduras en 2009 cuando al presidente Manuel Zelaya se lo destituyó por la fuerza faltando pocos meses para las elecciones – como sucede en Paraguay – alegando que el presidente intentó convocar a una consulta popular para introducir en la Constitución la reelección presidencial.
Zelaya fue sacado del país por militares y llevado a Costa Rica, mientras que en el Congreso se leyó una carta de renuncia del presidente, que fue desmentida por el mandatario derrocado.
La OEA en su momento condenó el derrocamiento de Zelaya, lo mismo hizo el presidente Barack Obama, que luego evitó volver a referirse a lo sucedido como un “golpe” hasta las elecciones en donde surgió el actual mandatario Porfirio Lobo.
Hoy, tanto la OEA como Estados Unidos evitan llamar “golpe” a lo sucedido en Paraguay, aunque cuestionan el corto plazo en los que se destituyó a Lugo.
Destitución anunciada
Un cable secreto emitido en marzo de 2009 desde la embajada norteamericana en Asunción y dirigido al Departamento de Estado de EE.UU. señala: "Corren rumores de que el líder de la UNACE, el general Lino Oviedo, junto al ex presidente Nicanor Duarte Frutos, buscarían destituir a Fernando Lugo con un juicio político dentro del Parlamento”.
Según el cable, luego de que Franco tomara el poder se vería en la obligación de convocar a elecciones para la vicepresidencia, la cual podría ser asumida por Oviedo. Además, Duarte podría conseguir la presidencia del Senado.
Este documento fue difundido por WikiLeaks en agosto de 2011.
Desestabilizaciones
Entre los intentos de golpe de Estado en la última década, el más cruento fue el que sufrió el presidente Hugo Chávez en abril de 2002, cuando fue raptado por dos días. Además, el avance de los golpistas dejó varios muertos, desmintiéndose después que hubiese francotiradores puestos por el gobierno en las inmediaciones del Palacio de Miraflores.
A pesar del inmediato reconocimiento de EE.UU. y España, la ciudadanía venezolana no aceptó el golpe y Chávez regresó triunfante al poder.
Por otra parte, en 2008, el gobierno boliviano de Evo Morales sufrió el último intento de secesión por parte del departamento rico de Santa Cruz, cuando decenas de partidarios del presidente fueron asesinados en una emboscada en el departamento de Pando.
La UNASUR se movilizó y mostró su apoyo al gobierno democrático de Morales.
Luego, en Ecuador en 2010, el presidente Rafael Correa fue atacado por policías que solicitaban un aumento de salarios. Aunque el ex presidente Lucio Gutiérrez habría encabezado una facción militar disidente, lo que sucedió no fue un intento de golpe de Estado, sino una gravísima sublevación en concordancia con una desestabilización desde los medios opositores.
El caso del ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, que fue destituido por el Congreso en 2005, es diferente al caso paraguayo, dado que disolvió la Corte Suprema y la reemplazó por miembros de su entorno.
Cambios en el Modus Operandi
Los golpes de Estado actuales son menos evidentes y más sutiles que los ocurridos entre las décadas del 60 y 70 en América Latina. Ya no hay intervención militar.
En Paraguay, la destitución del presidente por mayoría legislativa está contemplada en la Constitución, pero en el caso particular de Lugo, los cargos que se le imputaron fueron endebles y abstractos, como por ejemplo “el mal desempeño de sus funciones”.
No se lo acusó directamente de la masacre de Curuguaty, sino de promover el clima social para que se produjera, cuando en realidad Lugo fue muy conciliador y hasta pasivo en cuanto a promover los derechos postergados de las mayorías expulsadas de la distribución de la tierra.
Otro “golpe democrático”, esta vez parlamentario, ocurrió en la región. La condena o el aval internacional van a ser las que resuelvan esta interrupción institucional, que corre el riesgo de que se repita la impunidad que caracterizó al golpe en Honduras.
