Martes, 21 de Mayo de 2019
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actualizado 14 de nov. 2012
Demagogia con el gasto militar
Ante semejante incapacidad de un gobierno de establecer prioridades acorde con los derechos de todos
Por Carlos Miguélez Monroy
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El Ministerio de Defensa de España debe a la industria militar privada más de 32.000 millones de euros por los Programas Especiales de Armamentos (PEAS), de poca utilidad para sus necesidades reales de defensa. Así lo desvela el informe Verdades y mentiras en el presupuesto militar español de 2013, publicado cuando se producen más de 500 desahucios diarios, se cierran hospitales y se suspenden proyectos de investigación. Algunas universidades públicas de prestigio están en peligro de suspensión de pagos ante el acecho de quienes pretenden privatizar facultades “para que sean rentables”.

Pero la consigna del gobierno de recortar a toda costa “para reducir el déficit” no se aplica de la misma forma a unos gastos que, según el informe de Pere Ortega para el Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, ni siquiera responden a necesidades militares de España. Material como los blindados Leopardo y Pizarro, y los aviones Eurofighter (EF-2000) fueron diseñados “para una confrontación de guerra entre estados o de invasión exterior” o para zonas sin obstáculos montañosos, según el informe. Por eso tienen escasa utilidad para España. Además, fueron diseñados para un contexto geopolítico anterior a la caída del Muro de Berlín, al desmoronamiento de la URSS y a la resucitación de la OTAN, cuya existencia perdía cada vez más sentido.

Los helicópteros de ataque Tigre y NH-90, los obuses, los blindados, los cazas EF-2000 y los misiles asociados, algunos de ellos en fase de producción y que aún no son operativos (los NH-90 y el obús de 155mm), no se han desplazado a Bosnia, Kosovo, Afganistán o Líbano, donde España mantenía sus misiones de “mantenimiento de la paz”. No han entrado nunca en combate ni lo harán en un futuro cercano, sostiene Ortega. Quedarán obsoletos, como el único portaaviones de la armada española, el Príncipe de Asturias, puesto en servicio en 1988 y anclado en una dársena a la espera de encontrarle uso. Para mantenerlo en activo, necesita una modernización de 400 millones de euros, cuando costó 350 millones. A esto hay que sumar los 30 millones anuales para su mantenimiento.

El resto del material de los PEAS corresponde a submarinos y buques que sirven para defender los intereses de armadores españoles que faenan en el Océano Índico, cerca de las costas somalíes. Los medios de comunicación se han encargado de la campaña de marketing para luchar contra los secuestros de unos piratas y a favor de otros que contaminan y esquilman “aguas internacionales” ante la falta de Estado en el Cuerno de África. En muchos otros casos, los armadores faenan con la bandera de otros países para beneficiarse en materia fiscal, jurídica y comercial. Sólo 16 tripulantes de los 36 en el Alakrana, secuestrado hace unos años, eran españoles; dos malayos, tres senegaleses, cuatro ghaneses, dos marfileños, ocho indonesios y uno de las Islas Seychelles. Esto reduce los costes de los empresarios, que se benefician ahora de una seguridad pagada con dinero público.

El gobierno ha pagado 750 millones de euros a Airbus Military en concepto de “ayudas” por el buque Juan Carlos I, aún en fase de diseño. Este mamotreto sólo sirve para desplazar armas y hombres a lugares lejanos, algo poco probable ante el repliegue de las tropas españolas de Afganistán y la ausencia de amenazas militares contra España, miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Ocurre algo similar con el avión A400M, un aparato de transporte aéreo de gran capacidad para desplazar tropas a larga distancia, también en fase de diseño. Hasta la fecha ha costado otros 750 millones, que también cobrará Airbus.

En estos días se ha conocido el caso de 39 trabajadoras del servicio de limpieza en una base aérea en España que llevan 10 meses sin cobrar, sin dejar de trabajar. Ante semejante incapacidad de un gobierno de establecer prioridades acorde con los derechos de todos, aumentarán las reivindicaciones a favor de la cancelación de compras militares y de renegociaciones oportunas. Algunos periodistas ya han destapado posibles tratos de favor del gobierno hacia la industria militar privada, de la que proviene el actual Ministro de Defensa, Pedro Morenés. Los defensores de lo establecido ya tienen preparada su manida, aunque cada vez menos eficaz, defensa: “demagogia”.

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