España tiene una deuda desmesurada, según la Comisión Europea. Por eso revisará de nuevo su economía para verificar si las reformas laboral y de pensiones perpetradas son suficientes para disminuir el volumen de deuda pública. Entretanto, las élites económicas europeas, que controlan el tinglado político, insisten en imponer la austeridad fiscal que en román paladín son recortes presupuestarios sociales que violan sistemáticamente derechos humanos de la mayoría trabajadora ciudadana. Como es sabido, recortes en sanidad, educación, servicios sociales, pensiones... Y una persistente rebaja de salarios.
Recortar para ahorrar y reducir la deuda pública. Esa es la vía que nos marcan. Pero la deuda es impagable. Pública y privada. Carlos Sánchez Mato ha escrito que “la economía española sufre un sobre endeudamiento superior a los 2,2 billones”. Y Juan Torres señala que “la evidencia empírica muestra que la deuda pública no se ha disparado por gastos en educación, sanidad, cuidados o pensiones públicas”. Vicenç Navarro, por su parte, recuerda que en 2007 España tenía un superávit presupuestario del 2% del PIB, cuando el de Alemania era solo del 0,2%. Pero dos años después el déficit público español era ya el 11%. No por aumento del gasto público y aún menos, social.
¿Por qué? El pago de intereses de la propia deuda más las cuantiosas ayudas a bancos y cajas de ahorro son la causa del aumento del déficit público español. Y las ayudas a grandes empresas, más las continuas rebajas fiscales, hasta el año pasado, a banca, empresas, corporaciones y grandes fortunas. A finales de 2012, las ayudas públicas totales a banca y cajas sumaban 1,42 billones €; casi 88.000 millones en capital y el resto en avales y otras medidas, que se reflejan en los balances, para paliar la falta de liquidez.
Pero aún con el ilegítimo crecimiento de la deuda pública, en España ésta es el 22% de toda la deuda. Eduardo Garzón ha calculado que si el Banco Central Europeo hubiera prestado dinero al Estado al 1% de interés, (como presta a bancos privados), la deuda pública española de 1989 a 2011 sería un 14% del PIB y no el 90% actual. Ergo, tres cuartas partes de deuda pública española son beneficio de compradores y especuladores de deuda soberana. Probablemente deuda ilegítima.
Así y todo, el mayor problema es la deuda privada. En España, un 68% del total de deuda. Deuda de banca, medianas y grandes empresas y familias. La de las familias, solo quinta parte del total. Sin embargo, el casus belli, el pretexto para cargarse el estado de derechos sociales es el exceso de deuda pública. Una vieja historia.
En las tres últimas décadas del siglo XX, tras comprobar la clase capitalista que las dictaduras militares en América Latina no proporcionaban los beneficios esperados, encontró en la deuda pública un eficaz medio de dominio. Con la imprescindible y entusiasta colaboración del FMI y del Banco Mundial, convirtió las deudas públicas en rentables cadenas y grilletes que permitían explotar a placer las naciones latinoamericanas.
Ajustes estructurales, devaluación salarial, destrucción de lo público, absolutismo de lo privado, violación de derechos sociales, fiscalidad regresiva... En América Latina se aplicó el mismo guión que sufre Europa desde 2009 y es preciso afrontar el saqueo social que ahora sufren los pueblos europeos. Pero sin olvidar que la deuda es impagable. Antes o después habrá que condonarla, reestructurarla y reducirla; deudas internacionales, de empresas y hogares. No hay otra.
En realidad, se perdonan o reducen deudas desde hace siglos. Más cerca, en 1953, Alemania negoció en Londres su deuda con 22 países acreedores y les pidió su condonación. Esos países (entre ellos Grecia, por cierto) perdonaron la mitad de la deuda a los alemanes. Y la economía alemana pudo crecer con fuerza.
Mientras no se alcance esa inteligente lucidez, ATTAC propone que los bancos centrales europeos presten directamente a los Estados a bajo interés (como a los bancos) y se reduzca en la Unión Europea al 0% la prima del dinero prestado a los estados en los mercados. Además de empezar a reducir la parte ilegítima de la deuda. Para hacerlo solo se necesita voluntad política, pero como no la hay, la ciudadanía tendrá que presionar una y otra vez.
