LA JORNADA

Líderes catalanes aplazan declaración de independencia

BRUSELAS -Los líderes secesionistas de línea dura de Cataluña suspendieron a último minuto su declaración de independencia de España, para permitir negociaciones con el gobierno central en Madrid.

En declaraciones al Parlamento regional de Cataluña, su presidente, Carles Puigdemont, instó a Madrid a entablar un diálogo. Dijo que Cataluña se había ganado el derecho a la independencia.

Un portavoz del gobierno de centro-derecha del primer ministro español, Mariano Rajoy, dijo: “El gobierno rechaza la declaración tácita de independencia de Cataluña”. El portavoz agregó que no podría haber diálogo cuando los dirigentes catalanes ya habían decidido que querían la secesión.

Puigdemont dijo a los legisladores regionales el martes por la noche: “Asumo hoy el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”.

El líder secesionista de Cataluña, Carles Puigdemont, se enfrenta este martes a una presión creciente para que abandone sus planes de declarar la independencia de la región de España, mientras Francia y Alemania expresaron su apoyo por la unidad del país.

Dirigiéndose a un nutrido parlamento catalán, también dijo: “Las urnas dicen que sí a la independencia, y este es el único idioma que entendemos. Proponemos suspender la declaración de independencia para iniciar el diálogo en las próximas semanas “. Se refería al polémico plebiscito del 1 de octubre, declarado ilegal por el gobierno español y la corte constitucional del país.

Analistas dijeron que el discurso de Puigdemont, en el que culpaba a Madrid por negarse a hablar en el pasado y criticaba al gobierno español por perseguir a los secesionistas, empeorará la crisis política, la más peligrosa para España desde que fracasó un golpe de Estado en 1981.

Rajoy amenazó durante el fin de semana con suspender la semi-autonomía de la región noreste, cerrar las instituciones políticas catalanas e imponer el gobierno directo desde Madrid.

El anuncio de Puigdemont el martes se retrasó en más de una hora, mientras líderes españoles y de capitales europeas hacían dramáticos llamamientos de última hora. Los políticos catalanes opuestos a la secesión se movieron para retrasar la sesión del martes del parlamento regional catalán.

Horas antes de que el gobierno catalán se reuniera para escuchar a Puigdemont hablar, Rajoy dijo que no podía descartar soluciones drásticas al desafío planteado por Cataluña. El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, instó a los catalanes a “ponerse en el camino de la legalidad y el imperio de la ley”.

Líderes europeos se unen a llamamientos

Donald Tusk, presidente de la Comisión Europea, pidió a Puigdemont no dividir España. Dijo que hablaba también como miembro de una minoría étnica y “como un hombre que sabe lo que se siente al ser golpeado por un bastón policial” – una referencia al intento de Madrid para detener el referéndum de independencia del 1 de octubre que desencadenó la confrontación entre Cataluña y Madrid.

“Hoy les pido que respeten -en sus intenciones- el orden constitucional y no anuncien una decisión que haga imposible ese diálogo”, dijo.

Tusk instó también a la contención en España, diciendo que había pedido “al primer ministro Rajoy que busque una solución al problema sin el uso de la fuerza. Buscar el diálogo. Porque la fuerza de los argumentos siempre es mejor que el argumento de la fuerza.

Puigdemont y otros líderes secesionistas habían prometido anunciar un estado separatista dentro de las 48 horas del polémico plebiscito del 1 de octubre, que fue declarado ilegal por el gobierno y los tribunales de Madrid.

Más del 90 por ciento votó en el referéndum para romper con España, pero la participación fue algo más del 40 por ciento y las encuestas de opinión han sugerido consistentemente que más catalanes quieren permanecer en España de los que quieren separarse.

Un éxodo de empresas, entre ellas dos de los principales bancos españoles, una importante empresa de telecomunicaciones y un grupo de construcción, así como una masiva protesta el fin de semana en Barcelona, la capital catalana, por 350.000 catalanes opuestos a la separación, comenzó a cobrar su peaje entre los secesionistas moderados, que se alarmaron ante las perspectivas de colapso económico y disturbios civiles.

En el período previo al anuncio del martes, pidieron una pausa y más esfuerzos para abrir las negociaciones con Rajoy, quien está bajo la presión de su propio partido para mantener una línea fuerte con los secesionistas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, argumentó el lunes por la noche contra la declaración de independencia, diciendo que amenazaría la “cohesión social” de Cataluña.

Colau pidió negociaciones urgentes y advirtió que España enfrentaba su “mayor crisis institucional” desde su regreso a la democracia tras la muerte del general Francisco Franco en 1975.

La coalición de secesionistas, Unidos por el Sí, tiene una débil mayoría en el parlamento catalán. La Candidatura de la Unidad Popular (CUP) de extrema izquierda, instó a Puigdemont a respetar el resultado del referéndum disputado, señalando que bajo la ley de referéndum, el parlamento está por delante del plebiscito, la legislatura se comprometió a hacerlo.

Incluso miembros de alto rango del más moderado Partido Democrático Europeo de Catalunya, al que pertenece Puigdemont, han estado pidiendo cautela en los últimos días, incluyendo Ramón Tremosa, miembro del Parlamento Europeo.

Tremosa sugirió seguir la estrategia de Eslovenia cuando se separó de la antigua Yugoslavia. Eslovenia anunció la secesión, pero suspendió la ejecución en espera de negociaciones con sus vecinos yugoslavos y potencias europeas. Esa parece ser la estrategia de Puigdemont.

Pero apoyar el rompimiento de Cataluña incluso mediante una sugerencia como la de Tremosa, puede provocar una respuesta firme de Madrid tanto como una declaración abierta de independencia.

Algunos analistas sospechan que el primer ministro Rajoy puede invocar el artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central tomar el control de una región autónoma, si esta no cumple “las obligaciones que le impone la Constitución u otras leyes o actúa de una manera que sea gravemente perjudicial para el interés general de España”.

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