El presidente Donald Trump extendió el viernes la declaratoria de “emergencia nacional” declarada en 2015 sobre Venezuela, en razón de que las condiciones en ese país no han mejorado y continúan presentando una amenaza “extraordinaria e inusual” a la seguridad de Estados Unidos.
La extensión da continuidad a la orden ejecutiva 13692 emitida originalmente por el gobierno del expresidente Barack Obama en marzo de 2015, la cual fue renovada cada año desde entonces.
Tanto Obama como Trump aludieron al deterioro de la situación política y humanitaria como razones para sus acciones, incluyendo la represión y persecución contra los opositores, la falta de democracia y el irrespeto a los derechos humanos.
En la orden de este año, el presidente Trump recuerda que en 2017 emitió la Orden Ejecutiva 13808 para tomar medidas adicionales con respecto a la orden declarada por Obama “particularmente a la luz de acciones recientes y políticas del gobierno de Venezuela, incluyendo serios abusos a los derechos humanos y las libertades fundamentales; la responsabilidad por la profundización de la crisis humanitaria en Venezuela; el establecimiento de una Asamblea Constituyente ilegítima, que usurpó el poder de la Asamblea Nacional democráticamente elegida y de otras ramas del gobierno; corrupción pública rampante; y la continua represión y persecución de, y violencia hacia, la oposición política”.
“Las circunstancias descritas en la Orden Ejecutiva 13692 y 13808 no han mejorado, y continúan presentando una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos”, agregó Trump.
La notificación ocurrió en medio de reportes —confirmados por varios congresistas de Florida— de que la administración Trump se prepara para imponer sanciones contra la industria petrolera de Venezuela, como respuesta a la decisión del gobierno de Maduro de celebrar elecciones presidenciales en mayo próximo sin la participación de la oposición.
La declaración de una “emergencia nacional” es una herramienta con la que cuenta el presidente de Estados Unidos para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.