El COSEP exhorta sobre decisiones del INSS

0

Un fuerte malestar de rechazo ha causado al empresariado nacional las medidas del gobierno entorno a garantizar la sostenibilidad del INSS piedra angular de la trascendente economía nacional. Las decisiones que se tomen afectarán sobre el futuro inmediato de país. Son medidas a largo plazo. Son reformas estructurales para resolver las inequidades del sistema. El tiempo empuja a ejecutarlas en acciones firmes.

El COSEP responde y exhorta, cuestionando sobre posibles equivocaciones y complejidades que pondrán en peligro la estabilidad de la vida económica del pais y sus aliados. Así dicen:

“Rechazamos de forma categórica la decisión adoptada por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, por cuanto las medidas no constituyen una reforma integral que garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del INSS y reduzca las actuales inequidades que aquejan al sistema.

«Hacemos un llamado al gobierno a ser responsables con las decisiones sobre políticas públicas de ámbito económico trascendentes para el país, aunque estas signifiquen costos políticos a asumir. No podemos seguir trasladando a las próximas generaciones las decisiones que nos corresponden responsablemente asumir hoy», es la parte más contundente de la alocución.

El COSEP ante la Resolución 1/317 del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social suscrita por el presidente y Vicepresidenta Ejecutiva del INSS y dos representantes del FNT, tienen a bien exponer ante la nación nicaragüense su posición oficial al respecto:

Desde el año 2013 el sector privado de forma responsable viene haciendo propuestas sobre el tipo del modelo de seguridad social que el país necesita, y en particular proponiendo medidas y haciendo aportes sustantivos de la cuota patronal para garantizar la sostenibilidad del INSS y fortalecer de manera integral sus finanzas, con una visión de largo plazo y costos compartidos que debíamos asumir los tres sectores que aportan al INSS; esfuerzos que resultaron infructuosos por no alcanzarse consenso en relación con los aportes y las medidas administrativas y estructurales de mediano y largo plazo.

En el 2014 expusimos que el INSS enfrenta tres problemas estructurales, la informalidad, el elevado nivel de subempleo y la baja productividad laboral y que cualquier intento de asegurar su viabilidad que no tomara en cuenta la solución gradual de estos tres problemas, constituiría una solución temporal que obligaría a nuevas revisiones en el mediano plazo; situación que hoy estamos viviendo con estas medidas.

En el 2015 insistimos que el INSS necesitaba decisiones responsables, por ello no respaldamos la decisión política del gobierno en ese momento de aprobar la Ley de Pensión Reducida y el Decreto Ejecutivo que aumentó los montos de las pensiones de vejez reducidas; decisiones que advertíamos desde esa fecha, iban en dirección contraria al esfuerzo para garantizar estabilidad financiera al INSS. Se estimaron 8 mil personas y en la actualidad existen alrededor de 51 mil pensiones reducidas que representaron en el 2017, C$1,659 millones que pusieron presión adicional en las finanzas del INSS.

En marzo del 2018 el Gobierno presentó nueve medidas que según sus cálculos mejorarían la sostenibilidad financiera del INSS, las que una vez analizadas determinamos tenían un objetivo estrictamente recaudatorio para resolver el déficit actual de la institución, sin contener las mismas, propuestas para una reforma integral del sistema. Esa situación motivó que el Sector Privado expusiera preliminarmente consideraciones generales y se dispusiera a preparar un listado de medidas que permitieran mejorar la sostenibilidad financiera del INSS en el largo plazo, sin afectar la competitividad del país, el empleo, la formalidad, el crecimiento y la atracción de inversiones.

Dichas propuestas y acciones consideradas por el sector privado, se sustentaban en las recomendaciones del FMI, análisis de FUNIDES y las opiniones de otros economistas y empresarios del país, las cuales no llegaron a ser discutidas ante la decisión del gobierno de no ceder en relación a sus propuestas, y por tanto, cerrarse el espacio para revisar y discutir el listado de medidas relativas entre otras, a la edad de jubilación, las semanas de cotización, la reducción del gasto administrativo del INSS, la forma de pago de la deuda del Estado, la liquidación de inversiones y activos improductivos o de baja rentabilidad y el destino del 50% de la cuota patronal al INATEC para pensiones.

La decisión adoptada por el Consejo Directivo del INSS consideramos no responde a una estrategia para garantizar el crecimiento sostenido del país, la generación de empleo, el incentivo a la formalidad para incrementar la base de cotizantes, las decisiones de inversión actuales y futuras, y nos harían perder competitividad inmediata en la región, ya que el pasivo laboral de Nicaragua para enero del 2020 se incrementará hasta 52.5%, alcanzando a mediados de este año el porcentaje más alto de Centroamérica; todo lo cual genera incertidumbre sobre las expectativas de crecimiento futuro del país.

El proceso seguido ante las reformas al INSS representan para el sector privado una señal política sobre temas económicos que provocan desconfianza, y cuestionan la continuidad del modelo de diálogo y consenso constitucional vigente, enviando señales inciertas sobre las decisiones futuras que como país se deben adoptar para preservar el clima de negocios necesario para hacer frente a posibles impactos internos y externos que permitan mantener el sólido desempeño que nuestra economía ha experimentado en los últimos años.

Por todo lo expuesto anteriormente, rechazamos en forma categórica la decisión adoptada por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, por cuanto las medidas no constituyen una reforma integral que garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del INSS y reduzca las actuales inequidades que aquejan al sistema.

Hacemos un llamado al Gobierno a ser responsables con las decisiones sobre políticas públicas de ámbito económico trascedentes para el país, aunque estas signifiquen costos políticos a asumir. No podemos seguir trasladando a las próximas generaciones las decisiones que nos corresponden responsablemente asumir hoy.

Por nuestra parte creemos y estamos convencidos que el diálogo y el consenso son el mecanismo que permitirá que nuestro país alcance su desarrollo económico y garantice la cohesión social y política necesaria para contribuir a una Nicaragua más próspera y democrática.