Empresarios costarricenses piden declarar “ilegal” marcha de sindicatos

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Para este lunes en Costa Rica se prevé la realización de una huelga de sindicatos para rechazar un proyecto de reforma tributaria, la cual para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) es “ilegal”.

“Los problemas de Costa Rica los debemos resolver todos, pero no en la calle, ni con protestas, como tampoco es protegiendo privilegios y excesos que gozan algunos trabajadores del sector público. Además, es injustificado que se irrespeten los derechos fundamentales de la población al no recibir los servicios básicos esenciales”, declaró el presidente interino de UCCAEP, Enrique Egloff.

El empresario señaló que el llamado a huelga es “incomprensible que los líderes sindicales tengan una postura de bloqueo injustificada, cuando todos los demás sectores hemos aportado respuestas en este proceso para balancear las finanzas del Estado”.

Los sindicatos del sector público han anunciado una huelga indefinida a partir de este lunes diez de septiembre en rechazo a la reforma tributaria que estudia el Congreso, la cual, según esos gremios afectará en mayor medida a las clases medias y bajas.

La UCCAEP aseguró que en la actual coyuntura de desaceleración económica que vive Costa Rica, el país no se puede permitir que una huelga afecte los servicios básicos, y actividades como la agrícola, el turismo, las exportaciones, el transporte y el comercio.

El Gobierno costarricense impulsa la reforma fiscal para paliar el creciente déficit y la deuda, las cuales califica como las grandes amenazas para la estabilidad económica del país.

El proyecto de ley llamado “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento al IVA, con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.

La reforma tributaria, que buscar recaudar cerca del 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en recursos frescos, también incluye la renta global y modificaciones al impuesto sobre la renta y la renta de capital, así como iniciativas para contener gastos, especialmente pluses salariales en el sector público.

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