OEA adopta nueva resolución sobre Nicaragua

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El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el miércoles una resolución sobre la situación en Nicaragua, en la que insta al gobierno de Daniel Ortega a poner fin a los actos de violencia y violaciones de los derechos humanos.

El texto exige además a Ortega que facilite el diálogo nacional para poner fin a la crisis que ha dejado más de 400 muertos y provocado un éxodo imprevisto.

La resolución “Sobre acontecimientos recientes en Nicaragua” fue aprobada por 19 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. El texto resume las propuestas realizadas por el Grupo de Trabajo creado por la OEA y que lidera Canadá para buscar una salida a la crisis en Nicaragua.

“Cesar la represión individualizada, los actos de violencia y violaciones de los derechos humanos que ha provocado la salida de miles de nicaraguenses de su país y que reactive las condiciones necesarias para que se retome el diálogo entre las partes“, dijo la Representante de Consejo Permanente de la OEA y representante de Costa Rica, Rita María Hernández Bolaños sobre el objetivo de la resolución.

Entre los 19 países que votaron a favor de la resolución están Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador.

El representante de Estados Unidos ante el Consejo Permanente de la OEA criticó fuertemente al Gobierno de Ortega, al que acusó de hacer “esfuerzos cínicos para disfrazar la verdad”.

Nicaragua, Venezuela y Bolivia protestan

En contra de la resolución votaron las delegaciones de Nicaragua, San Vicente, Venezuela y Bolivia.

“El Gobierno de Nicaragua expresa su más enérgico rechazo a la maniobra injerencista del denominado Grupo de Trabajo del Gobierno de EE.UU.(…) Reiteramos una vez más que el Gobierno de Nicaragua no reconoce, no existe (el Grupo de Trabajo) y les manifestamos que no tenemos nada que responderles y exigimos derecho a la soberanía nacional”.

La representación del Gobierno de Venezuela ante el Consejo Permanente de la OEA se opuso también al texto condenatorio.

El texto urge además al Gobierno de Ortega a tomar “medidas inmediatas para investigar violaciones y abusos documentados (…) y tomar medidas efectivas para llevar a los responsables a la justicia y otorgar reparaciones a las víctimas, en un marco de respecto al Estado de Derecho”.

El documento insta a Ortega a cumplir el compromiso de facilitar y brindar asistencia necesaria a la CIDH y al Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (MESENI) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dándoles acceso a la información necesaria para cumplir su mandato.

El organismo reiteró su “profunda preocupación” por la decisión del Gobierno de Nicaragua de retirar la invitación a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y urgió a que restablezca la cooperación con la oficina.

Al cierre de la resolución, el Consejo Permanente expresó su voluntad de dar seguimiento a la situación en Nicaragua “para ayudar en la búsqueda de soluciones pacíficas y efectivas a la crisis”.

La reunión llega en momentos en que el gobierno de Nicaragua ha continuado negando el ingreso al país al Grupo de Trabajo de la OEA, que fue creado con la misión de ayudar a resolver la crisis que está afectando al país desde hace cinco meses.

Al comienzo de la sesión, los representantes de los gobierno de Nicaragua y Venezuela criticaron la reunión y la tildaron de injerencista.

Las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social que puso en vilo a la nación.

Las protestas, a las que se han sumado diversos sectores de la sociedad, incluyendo estudiantes, se produjeron después de once años de Ortega en el poder. Muchos en Nicaragua exigen su renuncia y lo acusan de abuso y corrupción.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha responsabilizado al gobierno de Ortega de hacer uso desproporcionado e injustificado de la fuerza, que ha dejado un saldo de más de 300 muertos, según diversos organismos.

Ortega, sin embargo, solo ha reconocido 198 fallecidos, mientras que intentos de diálogo nacional impulsados por la Iglesia Católica han fracasado.