Al parecer la propuesta del gobierno de Nicaragua no tuvo nada de eco en otros países de la región americana. En la foto Luis Almagro
El gobierno de Nicaragua hizo el pedido público ayer lunes de la renuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, por instar en recientes declaraciones a “asfixiar la dictadura” del presidente Daniel Ortega, lo que consideró “una grave amenaza a la paz internacional”.
Las declaraciones de Almagro “lo descalifican para seguir ostentando el cargo de Secretario General de la OEA, cargo al cual debe renunciar”, demandó el gobierno en un comunicado leído por la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.
Managua condenó la posición de Almagro sobre Nicaragua y Venezuela y lo acusó de “extralimitarse e incumplir con sus funciones como representante” de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Las declaraciones de “Almagro en su condición de Secretario General de la OEA constituyen una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales y una gravísima violación de los principios más fundamentales del derecho internacional”, dijo el gobierno de Ortega.
El sábado, durante una visita a Colombia, Almagro dijo sobre Venezuela que no se puede descartar “una intervención militar” para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro.
Posteriormente, durante la XV Cumbre Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza, el domingo en Miami, Almagro instó a dar una respuesta “desde la comunidad internacional para asfixiar la dictadura también que se viene instalando en Nicaragua”.
Managua sostiene que las “gravísimas declaraciones” de Almagro violan la carta democrática de la OEA que llama a defender “la soberanía, integridad territorial e independencia de sus Estados miembros”.
“Ninguna de sus disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados, menos aún a promover intervenciones militares contra un Estado miembro y llamar a la asfixia de un gobierno americano”, expresó el gobierno de Ortega.
Nicaragua recordó que tanto la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como la de la OEA “prohíben y proscriben expresamente los actos que atenten contra la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de los Estados”.
El gobierno de Ortega enfrenta desde abril protestas que dejan más de 320 muertos a causa de una violenta represión que ha sido condenada por la OEA.
En medio de la crisis, la OEA ha instado a Nicaragua a reanudar el diálogo con la oposición, suspendido desde junio, y a adelantar las elecciones del 2021 al 2019.