La desigualdad económica que lastra el desarrollo de gran parte de América Latina y el Caribe se traduce también en hambre, desnutrición y obesidad entre su población, según un informe de Naciones Unidas que alerta de los problemas que atraviesan personas pobres, mujeres, indígenas, afrodescendientes y familias rurales de esta región.
El Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018, elaborado de forma conjunta por varias agencias de la ONU, pretende llamar a los gobiernos a aplicar políticas públicas que luchen contra la desigualdad y promuevan sistemas saludables y sostenibles, en un intento por revertir datos cada vez más preocupantes.
Unos 39,3 millones de personas pasan hambre, el 6,1 por ciento de la población de América Latina y el Caribe, según un estudio que constata un aumento de la cifra por tercer año consecutivo. En concreto, el número de personas subalimentadas creció entre 2016 y 2017 en 400.000, el doble que un año antes.
Argentina, Bolivia y Venezuela han registrado sendos incrementos, especialmente este último país, donde el aumento ha sido de 600.000 personas desde 2014. En el caso venezolano, hay 3,7 millones de personas hambrientas, lo que equivale al 11,7 por ciento de su población.
Haití, México, Colombia y República Dominicana son los únicos cuatro países que han logrado reducir el hambre desde 2014, si bien en el caso haitiano aún hay un 45,7 por ciento de población desnutrida, en torno a cinco millones de ciudadanos, según el Panorama elaborado por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de Salud (OPS), el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El efecto de la desigualdad
Sin embargo, las líneas generales también esconden diferencias en función de los distintos colectivos, ya que por ejemplo es mayor la proporción de mujeres que viven en inseguridad alimentaria severa en América Latina y el Caribe: un 8,4 por ciento (19 millones) de mujeres frente al 6,9 por ciento de hombres (15 millones).
También se constatan diferencias similares en el caso de las poblaciones indígenas, como ocurre por ejemplo en Ecuador, donde el 40 por ciento de los niños y niñas indígenas sufren desnutrición crónica, por encima del 25 por ciento de media nacional. En Guatemala se repite esta discrepancia, con un 61 por ciento en el caso de la población indígena y el 34 por ciento de promedio.
Por otra parte, en diez de los países analizados el 20 por ciento de los niños más pobres sufren tres veces más la desnutrición crónica que la quinta parte más rica. En las zonas rurales, las tasas superan en más del 50 por ciento los niveles observados en el caso de las áreas urbanas.
La otra cara de la moneda
La desigualdad también se refleja en los datos sobre obesidad, la otra cara de la moneda de la malnutrición. La ONU ha recordado que se trata de “la mayor amenaza nutricional” para América Latina y el Caribe, en la medida en que ya casi uno de cada cuatro adultos es obeso y el dato en el caso de los niños ya es del 7,3 por ciento, por encima de la media mundial –del 5,6 por ciento–.
El representante de la FAO para la región, Julio Berdegué, ha advertido de que “la obesidad está creciendo descontroladamente”, con unos 3,6 millones de obesos más cada año. En este sentido, ha calificado de “espantosa” la situación actual, en la que 250 millones de personas viven con sobrepeso, el 60 por ciento de la población.
La directora de la OPS, Carissa F. Etienne, ha incidido también en el doble riesgo al que se enfrentan las poblaciones “vulnerables” y ha reclamado un enfoque “multisectorial”. Esta labor, ha explicado, “va desde asegurar el acceso alimentos equilibrados y saludables hasta abordar otros factores sociales que también impactan sobre estas formas de malnutrición, como el acceso a la educación, el agua y saneamiento y los servicios de salud”.
En esta misma línea, la directora de UNICEF para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval, ha señalado que “el sobrepeso está afectando de manera creciente a los niños y niñas más pobres”, que sufren no solo una “alta vulnerabilidad social y económica” sino un acceso desigual a servicios médicos y a dietas “saludables”.