El Congreso de Estados Unidos aprobó este martes el proyecto de ley Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act) con el cual se busca sancionar económicamente al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
Después de la aprobación del Congreso el presidente de EEUU, Donald Trump, dispone de un plazo de diez días para firmar y formalizar la ley y que entren en vigor las sanciones para el país iberoamericano.
Con la Ley Nica Act el Gobierno estadounidense condicionarán los préstamos de instituciones financieras internacionales a Nicaragua.
El 27 de julio de 2017 el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara aprobó el Proyecto de ley presentando por representantes republicanos, que luego fue enviado al Senado que le agregó unas enmiendas y lo aprobó el 27 de noviembre del mismo año. Mientras que la plenaria del Congreso aprobó este martes la Nica Act.
Consecuencias
La Nica Act plantea un panorama difícil en lo económico para el Gobierno nicaragüense que al ser vetado en organismos financieros internacionales no podrá adquirir préstamos para el desarrollo del país, lo cual tendría un fuerte impacto en la construcción de obras públicas.
Asimismo, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) reducirían los desembolsos y préstamos a Nicaragua, lo cual afectaría a los programas sociales financiados con la cooperación externa, poniendo a la población más vulnerable del país en condiciones de necesidades básicas insatisfechas, según informó ‘Tele Sur’.
Reacción de Nicaragua
Por su parte, Ortega y varios funcionarios del Gobierno rechazaron este proyecto de ley, a través de un comunicado, asegurando que este solo representa “la continuidad de las políticas históricas de injerencia imperial de EEUU en Nicaragua”.
En ese sentido, el mandatario nicaragüense aseveró que esta era una “iniciativa funesta, que no representa el corazón, la racionalidad o la compasión que obliga al ser humano a actuar como hermano y niega la dignidad del amor”.
A este rechazo se ha sumado el Gobierno venezolano, destacando en un comunicado que “la aprobación del nefasto instrumento injerencista, por parte del Gobierno estadounidense, contra el hermano Pueblo nicaragüense, pretende coaccionar y condicionar el financiamiento internacional de organismos multilaterales hacia el Gobierno Constitucional, del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, Compañera Rosario Murillo”.
Para Venezuela, esta ley es una maniobra para desequilibrar la economía y afectar la inversión social y productiva del país.