WASHINGTON D.C.— El miércoles, Nicaragua se quedó sin ningún organismo internacional que monitoree desde dentro la situación del país. El gobierno de Daniel Ortega decidió suspender indefinidamente la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Voz de América habló con Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, sobre la acción de Nicaragua y lo que viene ahora para el país.
¿Qué pasará con el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (MESENI) y con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)?
Ellos entendieron que se cumplió el plazo del mandato del grupo de expertos internacionales y anunciaron la suspensión temporal de la presencia de nuestros mecanismos de seguimiento especial al país. El GIEI efectivamente ya tenía su plazo a cumplir y el MESENI continuará sus labores integrales desde la sede de la CIDH como hacemos para todos los demás estados.
¿Seguirá la CIDH monitoreando la situación de los derechos humanos en Nicaragua?
Seguimos con toda nuestra fuerza al lado de las víctimas y vamos a seguir denunciando de manera periódica, cercana, a cada violación que sea verificada y monitoreada. Nuestro mandato integral sigue intacto, lo único que está afectado es la asistencia técnica que prestamos a la mesa de diálogo nacional, pero la mesa tampoco sigue funcionando por decisión del gobierno de no mantener más el diálogo.
¿Qué recurso les quedará ahora a los nicaragüenses para denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen en su país?
Hemos visto en Nicaragua una sociedad civil muy activa, con mucho coraje, que no se callará frente a las injusticias. Es muy difícil moverse dentro de un ambiente de intimidación, donde se intenta imponer el miedo, pero creemos que con apoyo internacional [los nicaragüenses] seguirán luchando por sus libertades y defendiendo el respeto integral de sus derechos.
¿Cómo está la situación ahora mismo en Nicaragua, con respecto a las libertades civiles?
Es un país que está cometiendo una grave violación a los derechos humanos. Estamos frente a una realidad de ataques sistemáticos y generalizados a la población civil desde que empezaron las protestas en abril. El 2018 representó la situación más dramática respecto a víctimas fatales en toda la región y verificamos un acelerado deterioro de la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país.
¿Se verá afectada la relación de Nicaragua con la Organización de los Estados Americanos después de esto?
Las relaciones no se rompieron. El estado de Nicaragua sigue siendo miembros de la OEA y sigue ratificando la convención internacional que establece el mandato de la CIDH para realizar un monitoreo del país. Nosotros vamos a seguir solicitando las visitas regulares que consideremos pertinentes para cumplir nuestro mandato de observancia, defensa y protección de los derechos humanos en las Américas.