El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha recomendado investigar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como posible responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad para reprimir la ola de protestas que estalló el pasado mes de abril y ha dejado más de 300 muertos y miles de heridos.
El GIEI, creado hace seis meses por un acuerdo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar las muertes ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo en el marco de las protestas contra Ortega, ha presentado este viernes su informe.
Los expertos regionales han determinado que, “frente al fracaso de este método tradicional de represión y al incremento de las manifestaciones, el Estado dio inicio a partir de los días 19 y 20 de abril a un etapa represiva de mayor intensidad que implicó, como patrón general, el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza”.
“Las armas se dirigieron directamente contra los manifestantes. Esto se verificó en diversos escenarios en los que la población civil desarrollaba acciones de protesta: en marcha o concentraciones en la vía pública, en tomas de universidades y en cortes de calles”, han precisado.
Durante el periodo investigado, hubo 109 muertes, de las cuales 95 “se produjeron por impacto de armas de fuego, todos con impacto en el cráneo, cuello y tórax”. “La gran mayoría de las muertes por armas de fuego ocurrieron en acciones de represión llevadas a cabo por la Policía Nacional y los grupos paraestatales”, han subrayado.
Las autoridades solo han abierto investigaciones sobre nueve muertes, por lo que “el resto permanece en la impunidad”. Sin embargo, se han llevado “detenciones arbitrarias” y procesos judiciales haciendo “un uso ilegítimo de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado, entre otros, para perseguir y sancionar actos de oposición”.
Para el GIEI no cabe duda de que “se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado”, por lo que “se recomienda que se investigue la responsabilidad en los hechos del presidente de la nación, Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional”.
El GIEI ha considerado que estos crímenes pueden ser considerado de “lesa humanidad” y ha alertado de que, además de las muertes, podrían incluir tortura y agresiones sexuales que ha urgido a investigar cuando existan las condiciones institucionales apropiadas para ello, según informa el diario nicaragüense ‘La Prensa’.
Nicaragua vive su peor crisis política desde los tiempos de la guerra civil por unas protestas que comenzaron en abril por una polémica reforma de la seguridad social y que aumentaron hasta exigir la “democratización” del país centroamericano.
Ortega ofreció un diálogo nacional para sofocar las protestas, pero no prosperó por la negativa del líder sandinista a convocar elecciones anticipadas. Las movilizaciones en las calles cesaron hace meses, si bien activistas y opositores denuncian ahora la existencia de un estado policial con redadas en ONG y medios de comunicación.
De hecho, el informe debía haberse presentado el jueves en Managua, pero ese mismo día el Gobierno expulsó al Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (MESENI) y al GIEI por, supuestamente, no cumplir con sus objetivos.