La muerte del segundo niño guatemalteco este mes mientras estaba bajo custodia de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, (CBP, por sus siglas en inglés), está generando una avalancha de críticas y emotivas reacciones dentro de Estados Unidos.
Incluso la propia agencia federal ha ordenado la realización de chequeos médicos a los menores bajo su cuidado. Todos provienen junto a padres y parientes de países latinoamericanos y buscan asilo en Estados Unidos.
La agencia también trabajará para mejorar las opciones de custodia, como un mejor transporte a los Centros Residenciales Familiares y la liberación supervisada, así como trabajar con agencias no gubernamentales para la vivienda.
En la red social de Twitter políticos estadounidenses han mostrado dolor y repudio por la muerte del niño de 8 años, Félix Gómez Alonzo, quien llegó a EE.UU. junto a su padre.
El anuncio del fallecimiento llegó el mismo día en el que fue sepultada en una aldea guatemalteca la niña de 7 años, Jakelin Caal, quien murió a inicios de diciembre en un hospital estadounidense. También estaba bajo custodia de las autoridades federales.
El senador demócrata, Martin Heinrich, de Nuevo México, escribió en Twitter: “Con el corazón roto y enfermo por esta noticia”.
“Exijo urgentemente más detalles, pero la administración (del presidente Donald Trump) debe responsabilizarse por la muerte de este niño y todas las vidas que han puesto en peligro con su caos intencional y su desprecio por la vida humana”, escribió Heinrich.
“Estoy descorazonada de enterarme de la muerte de un segundo niño bajo detención”, escribió en Twitter la representante de la cámara baja por Nueva York, Nydia Velazquez.
El congresista demócrata Marc Veasey, de Texas, lamentó el trágico suceso: “Otro niño muere bajo la vigilancia de esta Administración. Una historia tan devastadora para escuchar el día de Navidad. Mi corazón está con la familia de este niño que perdió a su hijo”, escribió Veasey.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) calificó los hechos como una “tragedia espantosa”.
This is a horrific tragedy. CBP must be held accountable and stopped from jailing children.
The next Congress should make an investigation into @DHSgov one of its first items on the agenda. https://t.co/FztLZzR75G
— ACLU (@ACLU) 25 de diciembre de 2018
“Se debe responsabilizar a CBP y que deje de tener a niños encarcelados”, instó ACLU en Twitter. “El próximo Congreso debe poner entre los primeros puntos de su agenda la realización de una investigación sobre el Departamento de Seguridad Interna (DHS)”, exigió la ONG en Twitter.
La muerte del niño guatemalteco reportada el martes ocurre en momentos en que el gobierno está parcialmente paralizado debido a una disputa por el presupuesto que amenaza con continuar hasta el próximo año.
Trump ha pedido 5.000 millones de dólares para levantar el muro en la frontera de México, pero no ha habido un acuerdo hasta ahora.
En virtud de la política de tolerancia cero contra la emigración ilegal, unos 2.300 migrantes menores de edad fueron separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio, algo que también generó indignación dentro y fuera de Estados Unidos.
Los migrantes centroamericanos dicen que huyen de la pobreza y la violencia de las maras en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Muchos arriesgan sus vidas en el afán de llegar a Estados Unidos por los pasos fronterizos de Nuevo México, Texas y Arizona.