La Unión Europea (UE) ha condenado este viernes la “decisión unilateral” del Gobierno de Guatemala para poner fin al mandato a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al tiempo que ha recalcado que ello “va contra sus obligaciones legales”.
“La UE está totalmente de acuerdo con el secretario general de Naciones Unidas (António Guterres) sobre que el Gobierno debe permitir a la CICIG completar su trabajo hasta que termine su mandato en septiembre de 2019”, ha dicho la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini.
En su comunicado, ha recalcado además que el Ejecutivo guatemalteco debe “respetar la integridad del personal nacional e internacional de la CICIG y darles la protección necesaria”, antes de destacar los “muy exitosos” trabajos del organismo contra la corrupción en el país.
“Sus logros fueron reconocidos a través de la renovación de su mandato en varias ocasiones. La CICIG se ha beneficiado del apoyo financiero de la UE y los estados miembro de la UE desde su creación. La UE reitera su disposición a continuar trabajando para el fortalecimiento del sistema judicial de Guatemala en cooperación con las autoridades”, ha manifestado.
Por último, Mogherini ha indicado que “la UE considera que Guatemala debe fortalecer el Estado de Derecho para garantizar la estabilidad” y ha reiterado que “la UE seguirá supervisando de cerca la situación y reaccionará a la luz de los acontecimientos”.
El comunicado ha sido publicado apenas dos días después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejara “en suspenso” la orden del Gobierno de Jimmy Morales de concluir de forma anticipada el mandato a la CICIG, después de que la ONU advirtiese de que la misión tiene permisos al menos hasta septiembre.
Morales notificó el lunes a la organización internacional el fin del mandato de la CICIG, lo que abrió un breve plazo que expiraba el martes por la tarde. Ante este ultimátum, la comisión había activado un plan de contingencia y seguridad para proteger a su personal.
La Corte de Constitucionalidad, sin embargo, ha concedido una medida de amparo que deja “en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala”. El tribunal ordena notificar a los principales líderes políticos y judiciales, entre ellos el presidente, para que cumplan el citado fallo.
Entre quienes se habían expresado en contra de la finalización anticipada del mandato de la CICIG figura Guterres, quien ha insistido en que la misión seguirá trabajando al menos hasta septiembre. Asimismo, ha pedido al Gobierno guatemalteco que respete los compromisos firmados.
También se ha sumado a las voces críticas la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, preocupada por “el futuro de los esfuerzos anticorrupción” en el país centroamericano. “El Estado de Derecho, la reducción de la corrupción y el fin de la impunidad son claves para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad, no solo en Guatemala, sino en toda la región”, ha advertido la legación en un comunicado.
Desde su llegada al poder en enero de 2016, Morales no ha ocultado su malestar con la CICIG, a la que ha acusado de excederse en sus responsabilidades. No obstante, ha alegado que su postura no tiene nada que ver con las acusaciones vertidas contra él tanto por la Comisión como por la Fiscalía guatemalteca en los últimos años.