El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado este jueves el inicio de una investigación contra los directivos nombrados por la opositora Asamblea Nacional para juntas de la petrolera estatal PDVSA y sus filiales en Estados Unidos.
En declaraciones a la prensa en la sede de la Fiscalía, Saab ha denunciado que estas personas aceptaron “ser nombrados por un órgano que no es competente para tomar este tipo de decisiones”, en referencia a la Asamblea Nacional, a la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), controlado por el ‘chavismo’, declaró en desacato.
La Asamblea Nacional designó el miércoles a Simón Antúnez, Gustavo Velásquez, Carlos Balza, David Smolansky y Ricardo Prada como miembros de la junta de PDVSA, mientras que para Citgo Petroleum designó a Ángel Olmeta, Luisa Palacios, Luis Urdaneta, Edgar Rincón y Andrés Padilla.
“Esto es una burla, un circo que se monta no solo dentro de Venezuela sino fuera para pisotear nuestra Constitución que fue votada en 1999 por un referéndum”, ha sostenido el fiscal, según informan los medios locales.
En este sentido, Saab ha advertido de consecuencias legales a los designados ya que su nombramiento podría considerarse una conducta conspirativa contra la Constitución y ha acusado a la Asamblea Nacional de buscar “de manera ilegal, delictiva y criminal apoderarse de todos los poderes públicos”. “Esto es un asalto a todos los poderes de la nación”, ha añadido.
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se autoproclamó el 23 de enero como “presidente encargado” del país, consideró la decisión del miércoles de “anuncio histórico”. “Comienza el rescate de nuestra industria petrolera”, sostuvo en su Twitter.
Estados Unidos impuso nuevas sanciones a PDVSA el 28 de enero, lo que afecta a la principal fuente de fondos en divisas de la Administración del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Por esas acciones del Gobierno del país norteamericano, Donald Trump, los clientes de la petrolera en Estados Unidos tendrían que depositar los ingresos por las ventas de crudo en cuentas bancarias que serían controladas por Guaidó.
En las últimas semanas la sede de Citgo en Estados Unidos se ha dividido y PDVSA ha buscado retirar a los ciudadanos estadounidenses de su junta directiva. Al mismo tiempo, ha intentado organizar una estrategia legal para bloquear los esperados nombramientos.