La Procuradoría de Colombia ha manifestado este viernes que existen elementos suficientes para determinar que el exguerrillero de las FARC Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como ‘Jesús Santrich’, debe ser extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico cometidos después del Acuerdo de Paz.
“La Procuraduría, en su calidad de sujeto procesal dentro de la JEP, conceptuó que en este caso no procede la garantía de no extradición para el señor Hernández Solarte, por cuanto el requerimiento de extradición formulado por los Estados Unidos se refiere a hechos posteriores a la firma del Acuerdo Final, esto es, el 1 de diciembre de 2016”, ha establecido el fiscal general, Fernando Carrillo.
Las declaraciones del fiscal se han producido después de establecer viernes ante la Sala de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, tribunal de paz) el concepto de trámite de garantía de no extradición de ‘Santrich’.
“Existen elementos de juicio suficientes para considerar que los hechos no se dieron con causa, ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, ha destacado Carrillo al leer el concepto.
Según la Procuradoría, la extradición “es un importante instrumento de cooperación judicial internacional que tiene como fundamento el interés de los Estados por evitar la impunidad”.
En el concepto, la Procuradoría ha resaltado que en el trámite de garantía de no extradición no corresponde a la JEP ni a la Procuradoría realizar “ningún análisis probatorio que conduzca a determinar la existencia de la conducta y sus circunstancias”, por lo que ha pedido al tribunal de paz remitir el expediente de ‘Santrich’ a al Tribunal Supremo de Justicia.
Al respecto ha señalado que, a su juicio, es la Sala de Casación Penal de ese Tribunal el organismo competente “para emitir concepto previo a la decisión de extradición”.
Santrich fue detenido el pasado 9 de abril en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia debido a que sobre él pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde ese momento puso en marcha la huelga de hambre.
Santrich, que formó parte de los diálogos de paz en La Habana, está acusado de haber participado en un acuerdo para transportar diez toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de unos 15 millones de dólares. Tanto él como la FARC afirman que es víctima de un montaje conjunto entre el fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, y el Gobierno estadounidense para llevar a los líderes de la antigua guerrilla ante los tribunales norteamericanos.
Sin embargo, y como parte del Acuerdo de Paz, ‘Santrich’ no está sujeto a la justicia ordinaria, sino a la justicia transicional de la JEP, cuya Sección de Revisión decidió el pasado 23 de octubre que tiene potestad amplia para “evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”.
La JEP evalúa si le concede o no el beneficio de la no extradición que solicitó su defensa, por lo que solicitó las pruebas a Estados Unidos que, en todo caso, ha sostenido que no las aportará debido a que los acuerdos de extradición que mantiene con Colombia no lo obligan a hacerlo.