Seis relatores y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU han instado este lunes al Congreso de Guatemala a no aprobar la propuesta de reforma de la Ley de Reconciliación Nacional por tratarse de una amnistía general para las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la guerra civil (1960-1996).
Los expertos de la ONU han explicado en un comunicado que la conocida como iniciativa 5377 “establecería un mecanismo automático para extinguir la responsabilidad penal de todos los responsables de las violaciones graves de los Derechos Humanos cometidas durante ese periodo”.
Han detallado que, de aprobarse esta reforma legal, toda persona declarada culpable de haber cometido un delito en el conflicto armado quedaría impune. Así, aquellos que hayan sido juzgados o estén implicados en un proceso penal por tales actos deberían ser liberados en un plazo de 24 horas.
“Las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos excluyentes de responsabilidad son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los Derechos Humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros”, han dicho.
En concreto, han recordado que “la falta de investigación y enjuiciamiento de tales violaciones constituye una grave violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” que afectaría seriamente a los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.
Además, han alertado de que podría desatar un “círculo vicioso de violencia” con represalias a víctimas, jueces, fiscales, abogados, demandantes, testigos, peritos y otras personas involucradas en juicios de Derechos Humanos, “poniendo en riesgo su propia seguridad y la de sus familias”.
Los expertos de la ONU temen asimismo que la iniciativa 5377 “se inscriba en una estrategia más amplia para evitar o revertir los progresos alcanzados en la lucha contra la impunidad por graves violaciones a los Derechos Humanos en Guatemala, que afectó mayoritariamente a pueblos indígenas”.
Ya emitieron una advertencia similar en abril de 2018, avisando de que este cambio legislativo “constituiría un grave retroceso para el sistema de justicia, el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad por las graves violaciones de los Derechos Humanos en Guatemala”.