El asesor para América Central en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del departamento de Estado, Todd Robinson, dijo el jueves que Estados Unidos trabaja con gobiernos de Europa y otras naciones sobre la crisis política en Nicaragua, vista como una prioridad de seguridad nacional.
El diplomático explicó que la posición de Estados Unidos es parte de la búsqueda de soluciones a nivel internacional a la crítica situación que encara Nicaragua, y en respaldo a los nicaragüenses para encontrar la paz, la democracia y apoyar el desarrollo económico sostenible de la nación.
Explicó que el gobierno estadounidense está manteniendo conversaciones “francas y sinceras” con el mandatario Daniel Ortega, a quien ha solicitado que adelante las elecciones y que negocie “de buena fe” con sus opositores.
“Sin embargo el régimen de Daniel Ortega continúa eligiendo la represión y la violencia sobre los derechos humanos y los anhelos democráticos del pueblo nicaragüense”, dijo Robinson durante una conferencia de prensa telefónica.
“Estados Unidos continuará usando todas las herramientas diplomáticas y económicas para promover y apoyar el estado de derecho y las reformas democráticas en Nicaragua”, dijo Robinson.
Dijo que Estados Unidos sigue los esfuerzos de negociar internamente la salida a la crisis, reconoció que Ortega liberó alrededor de un centenar de presos políticos la pasada semana, pero advirtió que siguen en arresto domiciliario: “Eso no es suficientemente bueno”.
A la vez señaló que el gobierno de Ortega debe acometer “acciones concretas” para la restauración de la democracia y mencionó la liberación de opositores detenidos y la pronta celebración de elecciones libres. Se refirió a que se espera un eventual surgimiento de “nuevos líderes” en Nicaragua.
La declaración llega un día después del informe anual 2018 sobre Derechos Humanos divulgado por Estados Unidos, en el que el gobierno de Ortega es catalogado como “un sistema político altamente centralizado y autoritario”.
El texto divulgado el miércoles indica que en Nicaragua ocurren homicidios ilegales o arbitrarios cometidos por el gobierno o sus agentes; desaparición forzada por fuerzas de la parapolicía; tortura; abuso físico, incluida la violación, por parte de funcionarios del gobierno; y arrestos y detenciones arbitrarias.
La declaración de Robinson coincide también con un endurecimiento en el tono de países europeos hacia lo que ocurre en Nicaragua. La Eurocámara instó el jueves a la Unión Europea a adoptar “un proceso escalonado de sanciones”.
Los políticos europeos están pidiendo la restricción de visados y la inmovilización de activos contra funcionarios del gabinete que gobierna en Managua.
Robinson aludió a anteriores medidas como restricciones de visas a funcionarios cómplices o que acometen atropellos contra los derechos humanos.
“Continuamos apoyando a la sociedad civil nicaragüense para documentar violaciones de derechos humanos y abogar por una mayor rendición de cuentas del régimen de Ortega en foros internacionales y regionales”, expresó.
Robinson dijo que Ortega está tratando de enmarcar el conflicto como una lucha ideológica clásica entre Nicaragua y los Estados Unidos: “Esto simplemente no es el caso. El conflicto de Daniel Ortega es con el pueblo nicaragüense y su deseo de vivir en democracia y libertad”.
Y reafirmó el apoyo a todos los nicaragüenses de todo el espectro político.
“La resolución definitiva de la crisis recae en los nicaragüenses”, enfatizó Robinson.
Contra Ortega se acumulan denuncias que van desde represión, exilio, centenares de muertos, corrupción y violación de los derechos humanos. Lo critican lo mismo opositores internos, sus excompañeros sandinistas y gobiernos dentro y fuera de la región.
En el pasado, algunos de los funcionarios de Ortega, -incluyendo su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo- han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.
Ortega inició un tercer mandato en enero de 2017, tras un proceso electoral catalogado por Estados Unidos como “profundamente defectuoso”.
Protestas contra su intento por cambiar reglas sobre la seguridad terminaron con un saldo de al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos, cientos de personas detenidas ilegalmente y torturadas, y más de 52.000 exiliados en países vecinos.
Justo este jueves se reinicia el diálogo interrumpido el pasado domingo entre Ortega y la opositora Alianza Cívica, que reúne a opositores, estudiantes y miembros de las sociedad civil, en la búsqueda de soluciones a la crisis.
El diálogo se reinicia en virtud de la promesa de Ortega de que liberará esta semana a más presos políticos, aunque no es claro en qué condiciones se producirá la liberación. La oposición sostiene que existen en Nicaragua cerca de 770 personas encarceladas por el gobierno sandinista.