Participación opositora en diálogo nacional suspendido con el gobierno de Ortega

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Oposición exige un diálogo de buena fe para poder sentarse con el régimen de los Ortega Murillo

La oposición de Nicaragua suspendió el pasado lunes su participación en el diálogo con el gobierno en protesta por “la violencia y represión” contra manifestantes, que el oficialismo atribuyó a “una provocación” de los opositores.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) informó en un comunicado que “condena enérgicamente la violencia y represión ejercida” el sábado, cuando opositores se preparaban para marchar en demanda de la liberación de detenidos por participar en protestas antigubernamentales.

La delegación del gobierno respondió, en otro comunicado, calificando como “inconcebible, contradictoria e insólita” la participación de miembros de la oposición en “una provocación y alteración del orden público”.

Agentes de la policía arremetieron el sábado contra opositores que se preparaban para manifestarse y detuvieron a más de 100 personas, entre ellas dos miembros de la alianza. Los liberó horas después por mediación del nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag.

La ACJD reclamó que el gobierno “tiene a más de 700 presos políticos simplemente por defender sus derechos ciudadanos. Está en sus manos su liberación, el respeto absoluto a sus derechos, así como el cese de la represión”.

El gobierno negó esa cifra y anunció un informe del Sistema Penitenciario sobre el número de presos.

La posición de ambas partes fue expuesta a la prensa, de forma separada, en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), sede de las conversaciones en el sur de Managua.

Las protestas antigubernamentales iniciaron en abril de 2018 contra una reforma a la ley de seguridad social, pero derivaron en un pedido de renuncia del presidente Daniel Ortega por la cantidad de muertes.

Organismos de derechos humanos contabilizan 325 muertos, 700 detenidos y miles de exiliados en el contexto de la protestas. El gobierno reconoce 199 fallecidos, la mayoría vinculados a partidos y fuerzas policiales.