La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta y discute el virenes un informe sobre sobre la situación en Nicaragua, un día después de que el gobierno de Daniel Ortega y la opositora alianza Cívica retomaran el diálogo varias veces interrumpido.
La comisionada y relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola leyó el informe. Nicaragua está en medio de una crisis de derechos humanos principalmente después de las protestas contra el gobierno de Ortega en 2018, dijo Urrejola.
Te invitamos al Panel Situación de #DDHH en #Nicaragua. La comisionada Antonia Urrejola presenta el informe y el secretario Paulo Abrão está a cargo de las conclusiones y el cierre. Transmisión en vivo por Twitter de #CIDH. A las 9, hora de Managua, 11 de Washington D.C. pic.twitter.com/2NT26XjX5L
— CIDH (@CIDH) 22 de marzo de 2019
El informe apuntó en primer lugar a la situación de la libertad de expresión.
“En 2018 el gobierno (de Daniel Ortega) puso en práctica una serie de medidas y acciones represivas para restringir el ejercicio de la protesta y el derechoa la manifestación y hostigar el periodismo independiente. Actualmente pesiste un discurso que señalan a quienes se manifiestan como terroristas que buscan llevar adelante un golpe de Estado”, dijo Urrejola.
Aludió a las denuncias de periodistas y medios independientes sobre la vigilancia, represión y asedio contra las instalaciones y ataques de parte de actores del gobierno.
Se refirió a la expulsión de estudiantes de centros educacionales universitarios por la participación en las protestas antiguernamentales, así como el despido de trabajadores de la salud y de la educación también por haber participado en la disidencia.
“La Comisión aborda la situación especial de riesgo en que se encuentran personas defensoras de derechos humanos, líderes estudiantiles y religiosos, como consecuencia de agresiones, amenzas, actos de hostigamiento, criminalización, seguimiento y vigilancia en su contra”, dijo la relatora de CIDH para Nicaragua.
Urrejola indicó que la Comisión ha seguido de cerca la situación de los niños y adolescentes, a los que catalogó como “víctimas”: “La Comisión ha registrado la muerte durante las protestas, a través de ejecuciones extrajudiciales, de 24 menores de edad”.
Detalló que durante las protestas del pasado año murieron 325 personas, de ellos 21 eran policías. Además comentó que 777 personas han sido detenidas y enjuiciadas en ese mismo contexto.
La Comisión también denunció “los patrones violatorios de derechos humanos identificados al momento de la detención, durante el traslado a dependencias judiciales o a estaciones de policías y en los centros privativos de libertad, así como las violaciones a los derechos de la familia”.
También advirtió sobre la situación de personas migrantes y exiliadas debido a la violencia. “La Comisión hace un análisis preliminar sobre el desplazamiento interno y la salida forzosa de miles de personas de Nicaragua, como consecuencia del ambiente de violencia, sus opiniones políticas y la gran cantidad de violaciones de derechos humanos que se han generado desde las protestas de abril de 2018”.
En situación vulnerable están también, -dijo Urrejola-, el grupo conformado por las mujeres, adolescentes, las personas LGTBI, las comunicades indígenas, afrodescendientes y campesinas: “Han sido afectadas de manera desproporcionada por el contexto de violencia y represión estatal”.
La Comisión presentó recomendaciones generales y específicas al gobierno de Nicaragua el viernes, incluyendo una que insta al Estado “poner en libertad a las personas que han sido detenidas de manera ilegal y abrbitraria” y “restablecer la plena vigencia del Estado de Derecho”.
Los opositores reclaman, entre otros temas, la excarcelación de los presos políticos.
El diálogo se había interrumpido el lunes porque la Alianza Opositora protestó por “la violencia y represión” contra manifestantes que el gobierno de Ortega catalogó de “provocación”.
Este mismo mes Ortega liberó con medidas a un grupo de presos políticos.
El miércoles pasado Ortega prometió liberar a todos los detenidos en el marco de las protestas que comenzaron en abril del año pasado, pero a cambio aspira a que se levanten las sanciones internacionales que pesan en su contra.