México firma un acuerdo de asistencia técnica con la ONU para investigar las desapariciones de Ayotzinapa

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El Gobierno mexicano ha suscrito un acuerdo de «asesoría y asistencia técnica» con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para colaborar en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la localidad de Iguala en septiembre de 2014.

El pacto prevé que los asesores de la ONU participen en las sesiones de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa creada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para investigar estos sucesos. Igualmente participará en las operaciones de búsqueda y en la preparación de una reparación para los familiares de los desaparecidos.

Además, participará en las investigaciones «sobre posibles irregularidades cometidas en el marco de las investigaciones y en las relativas a presuntas torturas sufridas por las personas detenidas y los probables responsables».

El acuerdo tiene una duración de un año y es prorrogable anualmente si existe consenso al respecto entre ambas partes y la ruptura del mismo podrá ser decidida por cualquiera de las partes, siempre y cuando sea con tres meses de antelación. El texto ha sido suscrito este lunes en Ciudad de México por Bachelet y el ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Luis Ebrard Casaubon.

El caso Ayotzinapa

Los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.

La versión oficial es que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas han desmontado esta teoría y han apuntado que el suceso podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región, pero México interrumpió la cooperación con los expertos ante las discrepancias. Ahora, ya con López Obrador como presidente mexicano, se ha reactivado la investigación.