Vatican News publica artículo donde afirma que la Ley de Amnistía aprobada por sandinistas es fuertemente rechazada

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El sábado pasado, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó con carácter de urgencia una Ley de Amnistía que absuelve a todas las personas que han sido señaladas de haber cometido delitos durante la grave crisis política que ha vivido ese país desde abril de 2018

La iniciativa, concede «amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha». Esta amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias.

Por tanto, según ordena la Ley, las autoridades competentes no comenzarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias. Asimismo, las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de la entrada en vigor de la Ley, deberán obtener su libertad de forma inmediata. Las autoridades cancelarán los registros de antecedentes penales de todas las personas beneficiadas con la amnistía, publica el portal Vatican News.

Las personas beneficiadas con la Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas. La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esa Ley.

Rechazo de la Ley de amnistía

La iniciativa fue rechazada por los diputados opositores bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social. También porque la Ley está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales fueron un intento de golpe de Estado contra el mandatario.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció en contra de esa Ley, señalando que «el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas». «Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Éstas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones», recalcó la alta Comisionada.

«Más de 300 personas resultaron muertas, 2.000 heridas, cientos de personas que se opusieron al gobierno han sido encarceladas y más de 700 han sido procesadas», resumió la responsable en una declaración emitida por su oficina en Ginebra.

El organismo de derechos humanos hizo un seguimiento de la represión de las protestas que empezaron en abril de 2018 y entre los abusos que identificó figuran «el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que en algunos casos resultó en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual». Asimismo, determinó que se produjeron «detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas ocasionalmente cometidas por elementos armados progubernamentales», con el consentimiento de las autoridades.