Para el organismo internacional Human Rights Watch, en Nicaragua el gobierno de Ortega ha llevado a cabo acciones duras contra sus opositores
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, solicitó a la Unión Europea aplicar sanciones en contra de siete altos mandos de la Policía, que son dirigidos por el presidente Daniel Ortega, y les exhortó a tener más atención a la crisis política.
La carta fue dirigida a Federica Mogherini, Alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Vicepresidenta de la Comisión Europea y a los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE).
En la misiva, Vivanco les envía “las conclusiones del reciente informe de Human Rights Watch sobre la represión cometida por la Policía Nacional y bandas armadas partidarias del gobierno en Nicaragua, y para instar a V.E. y a sus socios en la Unión Europea (UE) a adoptar medidas concretas que incrementen la presión sobre el gobierno nicaragüense para que cesen las violaciones de derechos humanos”.
Hace la denuncia sobre “la arremetida contra opositores por el gobierno nicaragüense ha resultado en un saldo de más de 300 muertos y 2000 personas heridas, torturas a detenidos y procesos judiciales plagados de irregularidades. El informe de Human Rights Watch analiza qué les ocurrió a muchos de los cientos de personas detenidas por la policía o secuestradas por bandas armadas partidarias del gobierno”.
El informe detalla que “numerosos detenidos fueron sometidos a graves abusos que, en algunos casos, constituyeron tortura, incluidas descargas eléctricas, violentas golpizas, extracción de uñas, asfixia y violación sexual. A muchos detenidos y heridos se les negó atención médica en instituciones de salud pública y diversos profesionales que brindaron atención médica afirmaron haber sufrido represalias”.
“También se han procesado a personas detenidas por presuntos delitos relacionados con su participación en protestas contra el gobierno o por su papel en movimientos sociales que cuestionaron al gobierno. Estos procesos penales han estado plagados de graves violaciones de garantías de debido proceso y de otros derechos fundamentales”, agrega el reporte de HRW.
“El gobierno también ha hostigado a quienes han informado sobre la represión en las calles y los posteriores abusos. Ha allanado las oficinas de medios de comunicación independientes, presentado denuncias penales contra dos periodistas, cancelado la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil y expulsado del país a periodistas extranjeros y monitores internacionales de derechos humanos”, dice el informe de HRW.