Dos presos políticos venezolanos no consiguieron la esperada libertad plena ayer lunes en tribunales a pesar de los anuncios de su liberación, el pasado viernes, por parte de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU).
El primer caso es el de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida en 2009 y bajo arresto domiciliario desde 2011 por liberar a un empresario de ese país en cumplimiento de las leyes vigentes. El hermano de Afiuni, Nelson, explicó en su cuenta de Twitter que los tribunales solo cesaron la medida cautelar de presentación.
Se mantendría la prohibición de dar declaraciones a la prensa, de uso de redes sociales y de salida del país. “Los engañaron”, apuntó Afiuni a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos la ONU.
Más temprano, Afiuni dijo que ninguno de los tribunales que llevan la causa tenía despacho, “todos NIEGAN cualquier cese de medidas”, aseguró.
El viernes 5 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia anunció el “cese de la medida cautelar sustitutiva de libertad” contra Afiuni. Después de años de proceso, la jueza fue condenada en marzo de este año cinco años de prisión por corrupción.
Braulio Jatar
El otro preso político es el periodista chileno venezolano Braulio Jatar, detenido en septiembre de 2016 y bajo arresto domiciliaro desde mayo de 2017 señalado por supuesto de lavado de dinero.
El propio Jatar explicó a medios locales que tiene régimen de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país. Calificó su causa como “arbitraria”.
“Cuando hablamos de liberaciones como esta, lo he dicho antes: nos sacan de la jaula, y nos tirán simplemente una cadena al cuello”, afirmó Jatar.
Su hermana, Ana Julia Jatar, colocó sus declaraciones en Twitter y aseguró que “nunca lo han doblegado”.
Bachelet realizó una visita oficial a la nación sudamericana a mediados de junio y este jueves 4 de julio publicó su informe en el que, entre otras cosas, insta al Gobierno en disputa de Venezuela “adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos” documentados en el país.
El informe indica que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad en Venezuela.
Un día después, ante los medios luego del debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el reporte, Bachelet anunció la liberación de 22 personas, entre ellas Afiuni y Jatar.
Las otras 20 personas serían estudiantes, dijo una portavoz a la agencia Reuters.