LA JORNADA

Detalles de los chavistas sancionados por EEUU

El gobierno de Estados Unidos, en su cruzada para poner presión y conseguir la salida del poder del gobierno en disputa de Venezuela, ha incrementado las sanciones contra funcionarios, parientes y otros allegados de Nicolás Maduro.

Este martes, el Departamento de Estado sancionó a los comandantes Rafael Enrique Bastardo Mendoza, que lidera las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y a Iván Rafael Hernández Dala, comandante de contrainteligencia militar (DGCIM), ambos señalados por cometer “graves violaciones” contra los derechos humanos en la nación sudamericana.

También fueron sancionadas la esposa de Bastardo, Jeisy Catherine Leal Andarcia, y la esposa de Hernández, Luzbel Carolina Colmenares Morales, así como a los hijos menores de ambos funcionarios. Los designados el viernes “no son elegibles para ingresar a Estados Unidos”.

El caso anterior se produjo el miércoles, cuando el ministro venezolano de Industria, Tareck El Aissami, entró en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El aviso indicó que El Aissami, de 44 años, es buscado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.

A continuación enumeramos figuras clave para Maduro sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Dichas sanciones aseguran, -por ejemplo-, que todos los bienes y activos de los individuos designados, ubicados en territorio de Estados Unidos, son congelados y los ciudadanos estadounidenses están prohibidos de realizar transacciones con ellos.

-2019-
En febrero, Estados Unidos sancionó a cinco funcionarios de alto rango del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo a los directores del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), de las Fuerzas de Acciones Especiales de la policía y de la compañía de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Las personas sancionadas fueron Iván Rafael Hernández, comandante de la guardia presidencial y Director General de Contrainteligencia Militar; Manuel Ricardo Cristopher Figuera, director del SEBIN; Hildemaro José Rodríguez Mucura, primer comisionado del SEBIN; Rafael Enrique Bastardo, comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES); y Manuela Salvador Quevedo, presidente de PDVSA.

La sanción contra Figuera fue luego levantada por Estados Unidos en mayo. El exdirector del SEBIN salió de las filas leales a Maduro, cuando apoyó una fallida rebelión liderada por el presidente encargado, Juan Guaidó.

En marzo fue sancionada la minera estatal Minerven y su jefe, Adrián Perdomo. El anuncio estadounidense aludió a que el gobierno de Maduro “está saqueando la riqueza de Venezuela al tiempo que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y la pérdida de hábitat”.

En junio fue sancionado el hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, de 29 años, y conocido como “Nicolasito”. El texto de la sanción indicó que ha participado en esfuerzos de propaganda y censura, y se ha beneficiado de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa, Cilia Flores”.

En julio entraron en la lista negra de Estados Unidos los hijos de Flores: Walter, Yoswal y Yosser, nacidos de su matrimonio anterior con Walter Ramón Gavidia Rodríguez.

En julio recibieron sanciones los integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, tras la muerte en custodia del capitán Rafael Acosta Arévalo. Familiares y opositores sostienen que fue torturado antes de morir. El gobierno en disputa de Maduro dijo que sancionó a dos funcionarios de DGCIM por su presunta participación en el trágico suceso que le habría costado la vida al militar disidente.

También en julio resultaron sancionados otros cuatro militares de la DGCIM, presuntamente vinculados a la muerte de Acosta Arévalo. Los señalados fueron Hannover Esteban Guerrero Mijares, quien es uno de los líderes del organismo; el mayor Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del organismo militar; Rafael Antonio Franco Quintero, director de Investigaciones; y Rafael Blanco Marrero, exdirector de la región central de la DGCIM.

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