OACNUDH se pronuncia sobre grave crisis de DDHH en Nicaragua

0

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció que «a través de contactos a distancia con actores relevantes», supo que la Policía «continúa previniendo los intentos de realizar protestas consideradas contrarias al Gobierno» de Daniel Ortega.

A través de su último boletín de monitoreo con respecto a la situación de los derechos humanos en Nicaragua, afirman que «de conformidad con lo dispuesto en la resolución 40/2 del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó al Consejo de Derechos Humanos una actualización oral sobre la situación en Nicaragua».

Manifestó que ha pasado un año de las manifestaciones pacíficas y la disidencia sigue siendo reprimida.

Subraya que la Ley de Atención Integral a Víctimas y la Ley de Amnistía «no garantizan el derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación» y llama a las autoridades a entablar un «diálogo genuino, significativo e inclusivo para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas».

Hizo sentir su preocupación «por los ataques, las amenazas, el hostigamiento y la continua vigilancia que estaban sufriendo los defensores de derechos humanos y los líderes comunitarios, así como por las violaciones del derecho a la libertad de expresión que afectaban a los periodistas, trabajadores de los medios y medios de comunicación».

«Los bienes incautados a las nueve organizaciones de la sociedad civil que fueron clausuradas por el Gobierno en noviembre y diciembre de 2018, todavía no han sido devueltos a sus propietarios», agrega el informe de la ONU.

«Esto no cumple con el segundo acuerdo firmado entre el Gobierno y la Alianza Cívica el 29 de marzo, en el que se estipula que las decisiones de cancelación impuestas a esas entidades serían revisadas con el fin de restituirles su registro legal y sus bienes. El 25 julio, el Gobierno informó a la OACNUDH que seis de las nueve organizaciones afectadas habían presentado recursos ante la Corte Suprema de Justicia, que todavía estaban bajo revisión y pendientes de decisión».