Acusan a policías estatales mexicanos de realizar ocho ejecuciones extrajudiciales y montar la escena del crimen

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Testimonios y videos recabados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo señalan que policías estatales, «en complicidad con el Ejército», sembraron pruebas y mintieron sobre un presunto enfrentamiento con criminales

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), en el estado mexicano de Tamaulipas, denunció la ejecución extrajudicial de ocho personas a manos de policías estatales y un montaje de la escena del crimen, en presunta complicidad con elementos del Ejército.

De este modo, videos con testimonios y reportes de tránsito documentados por la organización de derechos humanos sostienen la versión de que los civiles fueron ejecutados sin que existiera un enfrentamiento.

Una acusación que contradice la versión oficial del Gobierno de Tamaulipas, que afirmó en un comunicado que el Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de la Policía de Tamaulipas (CAIET) abatieron a ocho presuntos sicarios, en hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre.

La versión oficial

De acuerdo con esta entidad, los «policías estatales repelieron una agresión en su contra en la que murieron ocho personas, identificadas como integrantes de un grupo delictivo».

La versión oficial indica que los uniformados realizaban un patrullaje de rutina cuando identificaron una camioneta negra marca Tundra con blindaje casero, sin placas, desde la que dispararon contra los policías, por lo que iniciaron una persecución que terminó en un domicilio de la colonia Valles de Anáhuac. Los presuntos delincuentes habrían bajado del vehículo e ingresado al domicilio, desde el que se realizaron varios disparos contra los policías.

«Varios de esos individuos –entre ellos tres mujeres– portaban uniformes tipo militar con insignias pertenecientes a un grupo delictivo que opera en Nuevo Laredo, así como equipo táctico y pasamontañas. Los policías estatales siguieron repeliendo la agresión», señaló el Gobierno de Tamaulipas en el texto.

El grupo delictivo aludido en el informe sería el Cártel del Noreste.

Varios medios locales reportaron el hecho de acuerdo con la versión oficial, al mismo tiempo que imágenes con los presuntos criminales abatidos circularon en redes sociodigitales.

«Ejecución extrajudicial»

A través de un video, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) mostró testimonios y evidencia que sostienen que el Gobierno miente y que, en realidad, el caso se trató de una ejecución extrajudicial.

«Se trata de una ejecución extrajudicial en un escenario prefabricado de forma burda por parte de los elementos CAIET, en complicidad con el Ejército mexicano, similar al caso Tlatlaya», señaló la organización.

El caso Tlatlaya, al que hace alusión el video, se trata de un asunto en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que soldados ejecutaron a 22 civiles desarmados en una bodega ubicada en el Estado de México, el 30 de junio de 2014.

Testimonios recabados por el CDHNL señalan que «los ocho ejecutados fueron sacados de una casa ubicada en la calle Héroes de Nacataz número 6836 en la colonia Buenavista, de Nuevo Laredo, Tamaulipas».

Los testigos también afirmaron que la camioneta negra, donde presuntamente viajaban las personas abatidas, fue trasladada en una grúa escoltada por policías estatales «hasta la colonia Valles de Anáhuac, donde ya los (policías) estatales habían preparado una casa para ejecutar a los detenidos».

Kassandra Treviño, hija de Severiano Treviño, un empleado de la empresa Coca Cola, afirmó que agentes irrumpieron en su domicilio para golpearlo.

«Estábamos dormidos, eran las 7 de la mañana, casi iban a ser las ocho cuando de repente tumbaron la puerta. Mi papá corrió conmigo y con la niña cuando lo regresaron a golpes para atrás», afirmó la joven. «A mi papá lo tenían en la cocina golpeándolo, le decían que sacara las armas, que no se hiciera pendejo».

La joven aseguró que fue testigo del momento exacto en que los agentes, que no se identificaron, obligaron a su padre a vestirse con ropa tipo militar, con la que aparecería muerto horas más tarde en la escena que habría sido presuntamente montada por las fuerzas estatales.

«Yo vi cuando le pusieron el pantalón, las botas y le pusieron casco negro, así como apareció muerto. Ahí lo tenían esposado porque lo metieron conmigo al cuarto. Y le dijeron que si no hablaba me iban a matar y mi papá les decía que no, que no tenía nada que ver, que no sabía de qué estaban hablando», dijo Kassandra.

Vecinos del domicilio, ubicado en las calles 10 y 7 de la colonia Valles de Anáhuac, también negaron que se escuchara un tiroteo en la escena donde supuestamente ocurrió el enfrentamiento entre policías estatales y los presuntos criminales, cuyas ropas tipo militar terminaron prácticamente intactas.

«Balacera que se haya oído, no», refirió uno de los testigos. «Tres balazos nada más, pero no seguidos, como ráfagas no», dijo una de las vecinas del lugar.

Otra testigo aseguró que también había presencia de militares en la zona.

«Aunque las familias acusan directamente a policías estatales por estos hechos, la presencia de militares del Ejército mexicano acordonando el lugar e impidiendo el paso a las personas les ocasionaría una complicidad y responsabilidad jurídica en materia de violación a los derechos humanos», aseguró el CDHNL.

La organización presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue los hechos.

Violaciones graves

De confirmarse las acusaciones contra el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Fernando Cabeza de Vaca, éste sería el primer caso de violación grave de derechos humanos registrado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el sexenio de su antecesor, con el expresidente Enrique Peña Nieto, las masacres de Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán a manos de fuerzas federales, así como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fueron algunos de los casos más sonados de violaciones graves de derechos humanos que marcaron a la administración anterior.

Al ser cuestionado sobre otro caso en el que se documentó un enfrentamiento con palos, piedras y balas al aire entre elementos del Ejército mexicano y pobladores del municipio de Acajete, el presidente López Obrador dijo en su conferencia de este martes 11 de septiembre que las fuerzas armadas no están autorizadas para «ajusticiar, para rematar heridos, para masacrar».

Mientras tanto, el gobernador Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, una de las entidades más violentas de México, no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones en contra de su administración.

Por Manuel Hernández Borbolla

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