HRW acusa a las fuerzas especiales de Maduro de ejecuciones extrajudiciales en zonas sin recursos

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Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Venezuela son responsables de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en zonas de bajos recursos que aparentemente habían dejado de ser fieles al chavismo, según Human Rights Watch (HRW), que recoge una serie de patrones que se remontan a la ola de movilizaciones de 2016 y que siguen teniendo eco a día de hoy.

La ONG entrevistó en junio y julio a testigos o familiares de nueve víctimas de abusos, así como a abogados, activistas y periodistas que analizaron los presuntos abusos cometidos por la FAES, un cuerpo creado en 2017 por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y dependiente en primera instancia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

HRW también ha revisado certificados de defunción de cuatro casos que coincidían con lo relatado por las fuentes y con las conclusiones realizadas en otras investigaciones, entre ellas el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que denunció 20 ejecuciones extrajudiciales entre junio de 2018 y abril de 2019 durante operaciones de arresto de las FAES.

En todos los casos investigados por HRW, los agentes de las fuerzas especiales estaban armados y uniformados y, con frecuencia, obligaban a los familias de las víctimas a salir de la vivienda antes de llevar a cabo las ejecuciones. Este es el caso de Ana Lucía Rodríguez (nombre ficticio), que ha contado cómo escuchó desde la casa de un vecino seis disparos que se cobraron la vida de su hijo, al que terminaron acusando de narcotráfico y cuyo cadáver apareció en una fotografía junto a un arma.

Los policías llegaban a robar, manipular pruebas, incriminar a las víctimas en delitos o disparar contra las paredes para alegar que se habían resistido a la autoridad, según la ONG. Las familias han denunciado falta de información y restricciones a la hora de ver o recuperar los cadáveres.

Impunidad

Casi 18.000 personas han muerto desde 2016 en situaciones de supuesta resistencia a la autoridad, según las cifras del Gobierno, al que HRW ha acusado de no investigar de forma adecuada los casos documentados. Muchas de las víctimas temen sufrir represalias si denuncian los abusos o desconfían de las autoridades judiciales y policiales, acusadas también de adelantarse a la conclusión de una investigación formal para catalogar como delincuentes a las víctimas.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha acusado a las fuerzas de seguridad de tomarse la justicia por su mano «matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia».

«Cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro», ha lamentado Vivanco, que ha denunciado un «contexto de brutalidad sistemática» por parte de las fuerzas de seguridad.

Estos abusos, ha añadido, «continúan impunes en Venezuela desde hace años». «La falta de independencia judicial no hace más que confirmar la cruda realidad de que no hay ninguna posibilidad de que hoy pueda haber rendición de cuentas por estos delitos en Venezuela», ha criticado.

HRW ha afeado en concreto el posicionamiento de Maduro, a quien recrimina que no solo no haya promovido ninguna investigación sino que haya defendido públicamente a las fuerzas especiales. «¡Que viva el FAES!», proclamó el 17 de julio, durante un discurso en el que expresó su apoyo a este cuerpo «en su labor diaria».