La polémica medida dio paso a una explosión de reclamos contra el Gobierno por décadas de mal manejo de la economía y falta de soluciones a los problemas sociales
Líbano se encuentra paralizado por séptimo día consecutivo a causa de las protestas generalizadas contra el Gobierno, iniciadas tras un polémico impuesto a la mensajería instantánea pero alimentadas por el descontento acumulado en la sociedad libanesa.
Cientos de miles de personas han salido a las calles a participar de las protestas —en su gran mayoría pacíficas— provocando cierres de bancos y escuelas y bloqueos en carreteras. Dirigen su ira hacia la clase política del país, a la que atribuyen más de tres décadas de inacción y decisiones desacertadas que han llevado a la economía al borde del colapso.
La gota que derramó el vaso correspondió a un impuesto a las llamadas a través de plataformas como WhatsApp y Facebook, que suponía el pago de 20 centavos de dólar diarios por hacer uso de esos servicios en línea. La medida, anunciada la semana pasada, fue descartada horas después de las primeras protestas.
No obstante, la masiva movilización de personas —que inspiró a algunos a proclamar la ‘revolución del WhatsApp’— continuó, ya que, según los manifestantes libaneses, su motivación va más allá que un impuesto aislado.
Medidas de austeridad
Además de sufrir una reciente devaluación histórica de su moneda frente al dólar, Líbano registra un nivel de deuda pública equivalente a un 150 % de su producto interno bruto (PIB) —uno de los más altos del mundo—, y su economía se mantiene actualmente estancada, con un crecimiento del PIB de 0,2 % en 2018 que el Banco Mundial estima en -0,2 % para 2019.
El impuesto a WhatsApp correspondió a uno de varios pasos emprendidos por el primer ministro libanés, Saad Hariri, con el fin de hacer frente a esa grave situación. En meses anteriores habían surgido otras medidas que también han provocado descontento, entre ellas subidas de precios, recortes de pensiones y disminución de ayudas a los militares retirados.
Reclamos populares
El Gobierno ha atraído condenas en masa del pueblo, que antes de desembolsar dinero de su propio bolsillo desea ver resueltas las problemáticas de corrupción, notables privilegios de la clase política y el mal manejo de la economía, sobrecargada en parte por los cerca de 1,5 millones de refugiados sirios acogidos en el país.
Además de una falta de oportunidades de empleo, los manifestantes señalan problemas en sistemas como los de salud y educación, así como considerables deficiencias en infraestructura. Según trascendió, los libaneses sufren periódicos cortes de energía, inseguridad ciudadana e incluso problemas en la recolección de basura.
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Un nuevo sistema
Las actuales protestas corresponden a la mayor movilización social libanesa desde 2005, cuando los movimientos populares provocaron la salida del país de las Fuerzas Armadas de Siria. Los manifestantes ahora exigen no solo la renuncia de la cúpula política, sino un cambio radical del sistema gubernamental.
En concreto, el Gobierno libanés, caracterizado por su sectarización entre musulmanes, cristianos y otros grupos, se enfrenta a reclamos del pueblo que buscan activamente una transformación hacia un sistema tecnocrático. Según se ha reportado, poderosas facciones, entre ellas ligadas a Hezbolá, se han declarado contundentemente en contra de tales exigencias.
En su lugar, el gabinete de Hariri ha anunciado nuevas reformas tras este descontento social, entre ellas recortar a la mitad los salarios de todos los diputados, ministros y otros oficiales y exfuncionarios de alto rango. Asimismo, ha prometido eliminar estructuras gubernamentales innecesarias e introducir un proyecto de ley anticorrupción, medidas que muchos consideran necesarias pero insuficientes.