El gobierno de Daniel Ortega mantiene su escala represiva contra el periodismo independiente en Nicaragua; según un informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de julio a septiembre, se reportaron al menos 328 violaciones a la libertad de prensa.
El caso más reciente es el del periodista Armando Amaya, de canal 12, quien denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que agentes policiales le provocaron una fractura en uno de sus brazos mientras realizaba su trabajo reportando sobre una protesta en la capital.
“Nuestra única bandera es el micrófono y la cámara. Yo resulté afectado producto de una patada que el oficial me dio, para de cierta manera interrumpir el paso que iba a dar, ahí perdí el equilibrio y caí y todo el peso de mi cuerpo cayó en la mano”, manifestó el periodista en conferencia de prensa.
Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, condenó las agresiones y aseguró que este organismo presentó una denuncia formal ante la relatoría para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Estos abusos los condenamos enérgicamente porque no podemos permitir que la policía y este gobierno estén pisoteando la dignidad de los nicaragüenses y lesione a nuestros hombres y mujeres de prensa”, apuntó Carmona.
Sin embargo, el diputado Wilfredo Navarro aliado del Frente Sandinista, acusó a los periodistas independientes de actuar como agentes políticos.
“Una cosa es la libertad de prensa, que es el derecho a informar veraz y otra cosa son los políticos periodistas que pululan en Nicaragua, que cambian y trastocan la información y generan noticias falsas”, replicó el funcionario público.
Durante el segundo informe que cubre los meses de abril a junio del presente año, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabilizó 298 casos de violaciones a la libertad de prensa, lo que significa un aumento del nuev por ciento en comparación a este nuevo trimestre.
“Al finalizar este tercer trimestre del 2019, el ejercicio de la profesión periodística continúa siendo de alto riesgo para hombres y mujeres de prensa, se observa un patrón donde predomina la falta de voluntad política del gobierno para garantizar el restablecimiento de las libertades y derechos a los ciudadanos”, reza el informe.