La contracción de la economía nicaragüense sigue dejando sus secuelas. El gobierno del presidente Daniel Ortega sigue responsabilizando de la crisis económica a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Pero según opositores y economistas, la responsabilidad es toda del gobierno.
“Aquí el problema no es socioecnómico, es sociopolítico”, afirmó el dirigente opositor Michael Healy, dirigente de la opositora Alianza Azul y Blanco y presidente de la Unión de Productores Agrícolas de Nicaragua (Upanic).
“En el momento en que el gobierno acepte regresar al Diálogo Nacional se podría empezar a mejorar el ambiente y a restablecer la confianza que se ha perdido”, explicó Healy, en entrevista telefónica con la Voz de América.
La más reciente repercusión de la crisis en que Nicaragua se encuentra sumida desde el año pasado fue el anuncio de la filial en Nicaragua de la British American Tobacco de reducir su personal en un 30 por ciento debido al enorme impacto que ha tenido en sus finanzas el incremento de un 210 por ciento de los impuestos al tabaco.
El incremento fue parte de una reforma al código tributario aprobado por el gobierno en un intento por aumentar sus recaudaciones, que se han visto afectadas por la desaceleración de la economía a partir de la violenta represión de las protestas cívicas en abril del año pasado.
Otra de las medidas de dicha reforma que ha afectado severamente a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, fue la del incremento del pago anticipado del Impuesto sobre la Renta, para el cual las empresas deben entregar al gobierno el 3 por ciento de sus ventas mensuales, comparado al 1 por ciento, antes de las reformas según el economista Juan Sebatián Chamorro.
Paralela a esta reforma, se han registrado varios incrementos a los precios de la energía, de los combustible, entre otros.
“Al sector productivo se le han incrementado los costos entre un 25 y un 30 por ciento”, explica Healy. “Hay muchas empresas que han tenido que parar operaciones y cerrar sus puertas debido a las más grandes sanciones que no han venido de Washington, sino del gobierno de Ortega”.
En el caso del tabaco, según Healy, lo que el gobierno ha logrado con el incremento del 210 por ciento es fomentar el contrabando, en el cual afirma están involucrados allegados al gobierno que están introduciendo enormes cargamentos de países vecinos, sin pagar ningún impuesto.
“Es su gente la que está metida en el contrabando”, afirmó. “Y ni la policía ni el ejército están haciendo nada para pararlos. Están permitiéndoles a sus allegados hacer el gran negocio y castigando a los que sí pagamos nuestros impuestos”.
La filial de Briitish American Tobacco informó en un comunicado que están “reconsiderando su presencia” en Nicaragua ya que el incremento del 210 por ciento en los impuestos les obligó a hacer ajustes en los precios de venta, que están por encima de la capacidad adquisitiva de los nicaragüenses.
Y es la salida de Nicaragua de grandes empresas, la que los analistas temen tengan un severo impacto al aumentarse el desempleo en el segundo país más pobre de América Latina, sólo superado por Haití. Las actividades económicas que durante 12 años permitieron al gobierno de Daniel Ortega vanagloriarse de tasas de crecimiento anual de entre el 2 y el 4 por ciento, están básicamente paralizadas.
La construcción de viviendas, edificios de oficinas y nuevos centros comerciales, paralizada. El turismo, que gradualmente venía convirtiendo a Nicaragua en un nuevo atractivo, ha desaparecido llevando al cierre a restaurantes y hoteles de todos los niveles.
El más emblemático hotel y resort de Golf, Mukul, cerró sus puertas el año pasado. Mukul había logrado atraer a vacacionistas como los actores estadounidenses Morgan Freeman y Michael Douglas, entre otros.