El informe emitido por la Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua, a partir del 18 de abril del 2018, es interpretado como un triunfo contundente a favor de los nicaragüenses, según afirmaciones de analistas y opositores.
El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, explicó a la Voz de América que el gobierno intenta terminar sus relaciones con el organismo.
“Con esto se cierra la posibilidad, o está tratando de cerrar el gobierno la posibilidad de una continuidad de sus relaciones con el organismo hemisférico político por excelencia como es la Organización de los Estados Americanos. Estamos llegando al artículo 21 que sería la cláusula democrática”, advirtió el exdiplomático.
La comisión de la OEA concluyó que en Nicaragua hay “Una alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático”, en este sentido, el opositor José Pallaís indicó que el informe desnuda la realidad del gobierno nicaragüense.
“Establece que el gobierno de Nicaragua no es un gobierno democrático, es una dictadura que ha infringido sus obligaciones internacionales en materia de democracia y derechos humanos”, afirmó el opositor, quien es integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
En tanto, el diputado sandinista Luis Barbosa opinó sobre el informe “Recordemos que la OEA realmenteno ha venido jugando un papel serio ni responsable. La OEA ha venido sesgando la información. ¿Qué credibilidad tienen estos señores? Ellos más bien vinieron aapadrinar el golpe de Estado a Nicaragua ¿Por qué no hablande Chile, de Bolivia?
La Comisión de la OEA señaló que resulta imprescindible y urgente la creación de reformas institucionales, comenzando por una reforma integral al sistema electoral que permita la celebración de elecciones justas, libres y transparentes.
En las trece páginas del documento en su versión en español, la OEA detalló los testimonios recibidos por parte de las víctimas de la represión y enfatizó que los funcionarios del gobierno se negaron a dialogar con los delegados de la OEA.
Para la Comisión de Alto Nivel “Resulta imperativo” que en Nicaragua se generen las condiciones “que garanticen el cese de las violaciones a los derechos humanos, cerciorándose de que no se repitan y brindando justicia y reparación a las víctimas”. “Sin ello resultará imposible devolver la paz y la estabilidad que el país y los nicaragüenses merecen”, puntualizó.