Marlon Fonseca estuvo detenido once meses por manifestarse contra el gobierno de Daniel Ortega, desde que estallaron las protestas antigubernamentales en Nicaragua en abril de 2018.
Este joven de 27 años, jamás previó que su vida cambiaría drásticamente al decidir involucrarse en las demandas sociales de ese entonces, pues pensó que la salida del poder del gobierno sandinista sería cuestión de semanas.
Antes de la crisis sociopolítica – que según datos oficiales ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos, decenas de exiliados y una economía muy deteriorada – Fonseca atendía un pequeño negocio de publicidad que había emprendido junto a otro amigo con el que compartió prisión por la misma razón.
La demanda de Fonseca era la de miles de manifestantes: la derogación de dañinas reformas a la seguridad social y justicia por los jóvenes asesinados por la Policía Nacional y grupos paramilitares, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero la frustración pronto se ha apoderado de los manifestantes y Fonseca no es la excepción. De hecho, es también percibida por analistas, economistas y sociólogos, consultados por la Voz de América, quienes consideran que el inicio de una salida a la crisis dependerá de las reformas electorales.
“Deben ser reformas profundas y no cosméticas”, dice Roberto Courtney, director de la organización nicaragüense Ética y Transparencia.
Y aunque el presidente de la Asamblea Nacional sancionado por Estados Unidos, Gustavo Porras, anunció durante una sesión del plenario nicaragüense que este 2020 se realizarían las reformas electorales, fue enfático al decir que serían únicamente con partidos políticos, excluyendo a organismos opositores reconocidos por la comunidad internacional como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Wilfredo Navarro, otro legislador que militó durante muchos años en partidos liberales, siendo un duro crítico del sandinismo, pero ahora está alineado al partido de gobierno, descartó la participación de la Alianza Cívica en una eventual contienda electoral.
El diputado Navarro incluso fue más allá al calificar a la Alianza Cívica como un movimiento de “ambientalistas, lesbianas y gais”. “Con los que no tenemos nada que hablar (de reformas electorales) con ellos”, dijo.
Reformas electorales necesarias para la democracia
Rosa Marina Zelaya, expresidente del poder electoral en el año 1990 cuando Nicaragua se encontraba en uno de sus peores conflictos armados, cree que la actual situación del Consejo Supremo Electoral es decadente debido al partidismo de los magistrados que lo conforman.
Zelaya expresó a la Voz de América que urgen cambios profundos de funcionarios. “Los magistrados deben ser totalmente cambiados por personas profesionales, académicos y que tenga vocación democrática para que sean reconocidos por la ciudadanía, los partidos políticos y la población en su conjunto”, aseguró.
Agregó que se debe “despartidizar (no partidismo) en la medida de lo posible el Consejo Supremo Electoral” porque considera que es lo que más ha afectado la credibilidad de ese poder del estado.
La sustitución de magistrados, tal y como propone Zelaya, se debe dar primeramente por medio de una reforma a la Ley Electoral pues actualmente está establecido que el presidente de la República y los diputados de la Asamblea Nacional son los que proponen a los magistrados.
“Pero como estamos en momentos difíciles, tendríamos que buscar modificaciones a la Ley Electoral para que te posibiliten elegir a magistrados con mayor consenso, no solo de los partidos, sino de organizaciones opositoras”, propuso Zelaya.
Roberto Courtney, de Ética y Transparencia, también coincide con Zelaya y comenta que las reformas electorales deben cumplir con ciertas cualidades para que marquen la pauta de una solución a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
“El sistema electoral nicaraguense tiene defectos muy claros de vieja”, dijo Courtney y agregó: “si el gobierno decide hacer reformas de manera unilateral o con unos actores que no son los que reclaman las reformas electorales, probablemente no será bien visto por la comunidad internacional”.
Otra de las reformas que demandan ambos expertos es la flexibilidad del sistema electoral para otorgar nuevas casillas a como ocurrió en 1990 cuando se celebraron comicios presidenciales y el Frente Sandinista gobernaba Nicaragua.
Las propuestas de la oposición
Por su parte, las principales organizaciones opositoras de Nicaragua como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, han presentado sus propuestas de reformas para que los futuros comicios cuenten con credibilidad ante la ciudadanía y comunidad internacional.
Las propuestas coincidieron en restablecer la no reelección para los cargos de presidente y vicepresidente; nombramiento de nuevos magistrados electorales; restablecer las candidaturas por suscripción popular o candidatos independientes para elección a nivel regional y municipal; eliminar de la Constitución Política de Nicaragua la aplicación de la norma jurídica del transfuguismo.
También plantean prohibir la candidatura del cónyuge del presidente en el ejercicio del cargo; restablecer el umbral Electoral de 50 por ciento más uno y la segunda vuelta si no se alcanza el umbral Electoral; derogar el requisito del 4 por ciento del escrutinio para que los partidos políticos puedan mantener la personalidad jurídica y la eliminación de diputaciones sin voto popular.
Cuando el mandatario nicaragüense Daniel Ortega llegó al poder en el año 2007, la reelección indefinida estaba prohibida en el artículo 147 de la Constitución Nicaragüense, sin embargo, los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia fallaron para que dicha prohibición fuera anulada.
“Me arrepiento de haberlo hecho”, lamentó a la Voz de América el hoy exmagistrado de la Corte Suprema Rafael Solís, quien dimitió en medio de la crisis y se exilió en Costa Rica al denunciar un “terror de estado”, instaurado por sus ex aliados sandinistas.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, expresó que sería un grave error del gobierno de Ortega no acudir a comicios con las reformas adecuadas pues lo importante de cualquier proceso de reformas “es la legitimad que da el pueblo”.
“Si las reformas llegasen a tener un significado para que se acaben los fraudes electorales sería bueno, pero no podemos esperar buenas reformas de una dictadura que siempre ha mentido, incumplido, y quiere hacer reformas para que internacionalmente se vea bien”, advirtió Chamorro.