Continúa la vigilancia de las comunicaciones digitales y el espionaje a medios y comunicadores
En Venezuela, Nicaragua y Cuba tiene lugar un ataque desde el estado hacia periodistas, medios de comunicación independientes y activistas opositores, refleja el Informe Anual 2019 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El reporte de la entidad de la Organización de Estados Americanos, OEA, dice que estos ataques ocurren a través de detenciones arbitrarias, distintas formas de censura y bloqueos de sitios de internet.
También hay vigilancia de las comunicaciones digitales y espionaje a medios y comunicadores, persistiendo la implementación de estrategias de control y vigilancia a las comunicaciones de ciudadanos en las redes sociales.
En Venezuela, estas violaciones continuaron profundizándose en 2019 en el contexto de una agudización del conflicto político y social, dice el informe.
La violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, ejercida en muchos casos por los propios miembros de las fuerzas de seguridad, se acrecentó durante eventos de interés público, como protestas, actos políticos o debates legislativos.
Numerosos periodistas fueron detenidos de manera arbitraria por miembros de la policía o de los servicios de inteligencia mientras desempeñaban su trabajo o cubrían manifestaciones, y reiteradamente fueron forzados a borrar material periodístico.
Además, añade el informe, se constató un patrón de censura en Venezuela, mediante el bloqueo sistemático de sitios web de medios periodísticos, redes sociales o servicios de streaming ordenados por las autoridades estatales y ejecutados por la proveedora pública de Internet, CANTV.
Asimismo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el bloqueo de canales internacionales de noticias de los servicios de televisión para abonados, dispuso el cierre de emisoras y ordenó suspender la transmisión de determinados programas.
La Relatoría Especial recibió información sobre varios casos de detenciones arbitrarias, y procesos penales llevados adelante contra periodistas en presunta represalia por su labor informativa, en muchos casos sin las garantías del debido proceso.
El estado continuó también las detenciones arbitrarias y la posterior aplicación de normas penales vagas, ambiguas y desproporcionadas que restringen libertad de expresión para silenciar opiniones o informaciones críticas sobre la situación política y económica que atraviesa el país.
En Nicaragua, gobierno prosiguió adoptando acciones represivas dirigidas a restringir de manera sistemática el ejercicio de la protesta, el ejercicio del periodismo independiente y el accionar de las y los defensores de derechos humanos.
En ese contexto, los principales periodistas del país debieron permanecer varios meses en el exilio y las redacciones y equipos de los medios privados Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, y de 100% Noticias fueron confiscados y no fueron restituidos al finalizar el año.
El gobierno también mantuvo un férreo control editorial sobre los medios estatales, y respecto al duopolio de la televisión privada. A esto se suma que la asignación de publicidad oficial es destinada exclusivamente a los medios de comunicación oficialistas y a los de la familia gobernante.
Por otra parte, se registró un continuo hostigamiento y vigilancia contra periodistas y medios identificados como opositores, así como otras formas de agresión, sobre todo es las ciudades de Bluefields, León, Masaya y Matagalpa.
La Relatoría observa con suma preocupación la situación de impunidad que se encontrarían los graves crímenes cometidos contra periodistas y medios de comunicación en el contexto de las protestas sociales de 2018.
En Cuba, las restricciones a la libertad de expresión, acceso a información pública y a la protesta persistieron durante el año pasado.
El gobierno cubano habría recrudecido la represión sobre disidentes y opositores, el hostigamiento, la persecución sistemática de periodistas independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público por fuera del control del estado.
El acoso a periodistas, activistas, artistas y defensores de derechos humanos no es solo físico, sino también psicológico, donde cobra relevancia la naturalización de los tratos humillantes cometidos como parte del control de las fuerzas policiales y administrativas.
La Relatoría Especial también han expresado su preocupación respeto a la posibilidad de la aprobación de nuevas normas jurídicas como el Decreto-Ley No. 370 “sobre la informatización de la sociedad en Cuba” que afecta el ejercicio de la libertad de expresión y la posibilidad de fundar medios de comunicación digitales.
Otro decreto, el 349, establece sanciones por el incumplimiento de la política cultural, y el cual, según lo informado, habría agravado la censura de expresiones artísticas y la persecución de artistas en Cuba.
México continuó en el 2019 sufriendo de la violencia contra la prensa, que costó la vida a 11 comunicadores.
El informe de la CIDH señala que el ataque contra los periodistas persiste en México, agravado por la falta de consecuencias legales expresadas en la impunidad de estos crímenes.
La respuesta del gobierno para implementar mejoras y proveer de más recursos para el mecanismo de protección parecen insuficientes frente a la magnitud de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Le preocupa además “el incremento de declaraciones estigmatizantes de parte de altas las autoridades públicas contra integrantes de la prensa, lo que promueve la práctica del acoso masivo en redes sociales, como lo han reportado diferentes organizaciones y medios de comunicación”.
En Estados Unidos, la democracia modelo del hemisferio, no hubo censura, pero sí acoso, agresiones y declaraciones de altas figuras del gobierno contra medios independientes y críticos del gobierno de Donald Trump.
“Las constantes declaraciones de descalificación por parte de altas autoridades contra la prensa, a través de calificativos como ser que la consideran “deshonesta”, “corrupta”, “enemiga del pueblo”, que difunden “noticias falsas”, o que comenten “actos virtuales de traición”socava el rol de la prensa.
A la CIDH también le preocupa que en Estados Unidos se continúe invocando “la Ley de Espionaje y la existencia de requerimientos judiciales para que los periodistas revelen sus fuentes o se presenten en calidad de testigos sobre hechos que han reportado o investigado”.