Hoy se dio la informacion de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua.
Desde abril de 2018, el régimen de Ortega ha tomado medidas enérgicas contra la oposición política, lo que ha provocado más de 300 muertes, 2.000 heridos, cientos de actores políticos y de la sociedad civil encarcelados y más de 100.000 refugiados que huyen del país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos además designó a Iván Adolfo Acosta Montalvan, ministro de Hacienda y Crédito Público.
Ambos funcionarios son señalados por el Departamento del Tesoro de “apoyar al corrupto régimen de (Daniel) Ortega”.
“Las continuas violaciones del régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables”, dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos apuntará a quienes apoyan el régimen de Ortega y perpetúan la opresión del pueblo nicaragüense”.
Estados Unidos señala a Julio César Avilés de negarse a desarmar a los paramilitares.
“Los militares proporcionaron armas a la parapolicia que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense”, afirma el Departamento del Tesoro
Julio César Avilés e Iván Acosta están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851 “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”.
Julio César Avilés Castillo (Avilés) fue designado por ser un actual funcionario del Gobierno de Nicaragua como el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua.
Avilés, que está alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar el desmantelamiento y desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o “parapolíticas” durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018.
Los militares proporcionaron armas a la parapolicia que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas.