El gobierno de Nicaragua ha sido catalogado por la OPS como uno de los menos transparentes a la hora de reportar los casos de COVID-19
NICARAGUA – La gestión del gobierno de Nicaragua ante la emergencia del COVID-19 es la segunda peor calificada de Centroamérica. El 37.3 % por ciento de la población nicaragüense calificó de “muy mala, mala” la gestión del presidente Ortega, según la encuesta denominada “El Covid en Centroamérica”, realizada por la consultora Borge y Asociados, entre el 20 de abril y el 19 de junio.
Honduras ocupa el primer lugar como peor calificado, según la encuesta de Borge y Asociados, que recoge las opiniones de 1.246 personas a las que consultaron vía telefónica en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, sobre la percepción sobre el coronavirus y su impacto en la vida cotidiana.
Al reaccionar a esta encuesta, los médicos independientes dicen que una de las muestras de la mala gestión gubernamental ha sido el despido de profesionales de la salud en medio de la crisis sanitaria.
El gobierno de Nicaragua ordenó el mes de junio el despido de al menos diez médicos del sistema de salud pública sin que en ninguno de los casos se especificara el motivo. Los doctores afectados consideran que se debió haber firmado un documento que demandaba medidas de seguridad para el gremio médico y por haber distribuido medios de protección al personal de salud.
Los médicos despedidos exigieron ante los juzgados de lo laboral el reintegro a sus labores y el doctor Ignacio Molina, que es uno de los demandantes, aseguró que están tratando “de hacer los pasos legales que nos corresponden antes esta situación, buscando un reintegro y reordenando nuestras actividades laborales”.
El 60% de nicaragüenses tiene críticas sobre gestión
Al dato mencionado inicialmente se suma que el 60.3% por ciento de los encuestados en Nicaragua, el más alto de la región, percibe que el país va en una dirección equivocada. Mientras que el 39.6 % de los consultados considera que las autoridades de la salud no están haciendo un buen trabajo.
Por su parte, el 58.6 por ciento, el porcentaje más alto entre todos los países del istmo asegura estar en desacuerdo con respecto a que las medidas para enfrentar la COVID-19 son efectivas en Nicaragua. Mientras que un 31.7 por ciento dijo estar de acuerdo en que estas sí funcionan.
Sin embargo, el Ministerio de Salud presenta semanalmente las estadísticas oficiales del avance de la pandemia, y asegura mantener bajo control la emergencia sanitaria.
Este martes la ministra de salud, Martha Reyes Álvarez, especificó que durante la última semana han atendido y dado seguimiento “a 349 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma 261 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la Pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado Seguimiento Responsable y Cuidadoso a 2.182 personas”.
Pese a las dudas de la población las autoridades de salud sostienen que todos los brotes han sido a través de contactos claramente establecidos y que el gobierno pone en práctica las medidas pertinentes para contener la pandemia.
No obstante, la Organización Panamericana de la Salud aseguró en su conferencia del martes, que aún sigue sin saber cuántas pruebas para identificar el SARS-CoV-2, que produce la COVID-19, ha realizado Nicaragua. La realización de pruebas es clave para conocer el impacto y podr controlar la pandemia.
El doctor Marcos Espinal, Director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, OPS, dijo que “todavía hoy no sabemos el número de test que hace Nicaragua”, al referirse a la necesidad de acelerar la aplicación de pruebas en otros países de la región.
En Nicaragua el Ministerio de Salud ha sido señalado por ocultar la información relacionada a la pandemia, además de ignorar las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para contener el avance de la enfermedad.
El gobierno además es señalado de actuar de forma arbitraria contra médicos independientes que han demandado claridad en la información y equipos de protección necesarios, al despedirlos del sistema de salud pública.