Violentan una ley de carácter constitucional, afirman todos los críticos
Las organizaciones opositoras establecidas criticaron que el artículo 77 de la Ley Electoral haya sido modificado de manera ilegal por el Consejo Supremo Electoral (CSE) debido a que es de rango constitucional y sólo se puede modificar en la Asamblea Nacional.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentó un comunicado en el que dice es “una nueva muestra del irrespeto al Estado de Derecho y violación a las leyes” de Nicaragua por pare del régimen de Daniel Ortega.
El PLC también recuerda que la Ley Electoral “es de rango constitucional y por lo tanto cualquier reforma o modificación a la misma debe hacerse a través de la Asamblea Nacional”.
Además, el PLC sostiene que: “como institución política perteneciente a la Coalición Nacional” ha manifestado que no participará de “ninguna negociación bilateral, secreta o solo con partidos políticos de reformas electorales”-
Los liberales “demandan el restablecimiento del Estado de Derecho y restitución de las garantías constitucionales que permitan la inmediata liberación de los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados, el cese de toda forma de represión e intimidación como preámbulo para la realización de elecciones libres, justas, y observadas en el 2021”.
El CSE realizó cambios de oficio al artículo 77 de la Ley Electoral, para que la personería jurídica sea entregada 5 meses antes de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre del 2021, en junio del próximo año, y no un año antes, a como estipula la ley Electoral.
Esa media “lejos de ser una apertura real y transparente a la participación democrática, esconde un intento de fragmentar los esfuerzos de unidad del pueblo nicaragüense”, dice un comunicado presentado por la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), el Movimiento Estudiantil 19 de Abril (ME19A), el Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19A) y el Movimiento Estudiantil de la Universidad Agraria.
Dos organizaciones y un movimiento político, que no tienen personalidad jurídica, han rechazado por separado, dichas medidas del CSE, las cuales tildan como una “trampa” para realizar la apertura, sin tocar el tema fondo del sistema electoral, que es el control absoluto que ejerce el oficialismo sobre dicho poder del Estado.
“La extensión de un período de solicitud de nuevas personerías jurídicas no constituye ni resuelve las reformas de fondo al sistema electoral de Nicaragua”, criticó por su parte la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en una declaración.
“La táctica sería nuevamente: divide y vencerás”, aseguró Eliseo Núñez, asesor de la Alianza, para quien el Gobierno se encuentran lanzando un “señuelo” a las diversas organizaciones y movimientos que integran la Coalición Nacional con el fin de desintegrarlos.
“Rechazamos el lavado de cara de la dictadura. Sin reformas electorales y con los mismos magistrados corruptos en el CSE, sigue siendo la dictadura quién controla a quien sí y a quien no”, dijo, por su lado, Támara Dávila, del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
El Movimiento Renovador Sandinista (MRS) tildó de ser una “nueva burla de la dictadura”.