Sin importar los señalamientos de empresarios privados, el gobierno sandinista realiza reformas a Ley 698, Ley General de los Registros Públicos
La bancada absoluta de diputados sandinistas y aliados en la Asamblea Nacional aprobó ayer jueves la reforma a la ley 698, Ley General de los Registros Públicos y de reformas al Código de Comercio de la República de Nicaragua, que es claramente rechazada y criticada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).
“Con esta Ley se crea el Registro de Beneficiario Final y las normativas operativas serán preparadas por la comisión institucional y cámaras que llegaron quedaron de trabajar juntos en las normativas, que ya se están elaborando de forma que pueda ser enriquecida por cámaras empresariales y podamos sacar a este país de la afectación de la pandemia que tenemos ahorita”, dijo el jefe de la aplanadora, el diputado Edwin Castro.
El COSEP no quiere dicha medida y dijo que esta decisión viene a perjudicar la inseguridad jurídica en este país. El gobierno sandinista quiere convertir el marco legal de este reglamento en una herramienta para ser utilizada políticamente, lo que viene a ser una amenaza para el sector privado empresarial y para toda la ciudadanía.
El presidente de la gremial, José Adán Aguerri, criticó el interés de las autoridades de crear un registro del Beneficiario Final (BF) de las Sociedades Mercantiles.
“No hay necesidad de tener un registro de beneficiario final, eso es una maniobra para tener otra forma con que amenazar a las empresas en momentos en que lo consideren pertinente”, manifestó Aguerri Chamorro.
Precisamente, el Cosep enviará un documento al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en donde explicará suposición respecto a esa forma a la Ley 698.