Washington sancionó hace unos días a la nicaragüense Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional. Acusa a la entidad de no regirse a los controles habituales y de haber colaborado con otras entidades ya señaladas
Después de que, la semana pasada, Estados Unidos sancionara a una entidad financiera de Nicaragua, así como a dos funcionarios claves del gobierno de Daniel Ortega, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) se pronunció contra dichas sanciones señalando que son “unilaterales”.
“La Alianza repudia la promoción de este tipo de acciones, que violan los preceptos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Estas medidas son coercitivas unilaterales evidencian el carácter criminal de un Estado que no respeta el Derecho Internacional y pretende imponer su voluntad por la vía de los hechos y no del derecho”, acusó la organización en un comunicado que fue difundido vía Twitter por Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Las sanciones anunciadas en un comunicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU., el pasado 9 de octubre, buscan poner más presión sobre el país centroamericana por presunta corrupción y deterioro de las instituciones democráticas.
La entidad sancionada es la institución financiera nicaragüense Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna), y los funcionario son la fiscal general, Ana Julia Guido De Romero y al secretario de la Presidencia, Paul Herbert Oquist Kelley.
La OFAC ha sido tajante al aclarar que Caruna, es una institución financiera que “no funciona como los bancos tradicionales” y no posee la regulación de los controles que son habituales, y sostiene que fue designada por haber brindado asistencia sustancial, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, al Banco Corporativo, S.A. (Bancorp), entidad cuyos bienes y participaciones en bienes se encuentran bloqueados conforme a la Orden Ejecutiva 13851.
El comunicado del Tesoro además explica que, Caruna “ha servido como instrumento al presidente nicaragüense Daniel Ortega para desviar dinero de ALBA de Nicaragua, S.A (Albanisa) por 2.400 millones de dólares en fideicomisos petroleros y carteras crediticias.
Albanisa es una entidad nicaragüense que pertenece en forma conjunta a la empresa estatal de gas nicaragüense Distribuidor Nicaragüense de Petróleo S.A., que ha sido designada, y Petróleos de Venezuela, S.A., también designada. En 2017, la gestión de estas carteras se traspasó de Caruna a Bancorp. En abril de 2019, poco antes de que la OFAC sancionara a Bancorp, la gestión se traspasó nuevamente a Caruna.
En cuanto a los funcionarios nicaragüenses sancionados OFAC también justifica el accionar sobre la base de investigaciones previas que, demuestran la participación de cada uno en acciones de graves abusos de los derechos humanos y corrupción.
En los últimos años, EE.UU., ha sancionado alrededor de una veintena de nicaragüenses, entre ellos a la familia Ortega- Murrillo y a casi una decena de entidades.