Nicaragua: gobierno retrasa discusión de reformas electorales hasta 2021

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La Asamblea Nacional de Nicaragua está más interesada en aprobar una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para crímenes de odio

Esta semana la Asamblea Nacional de Nicaragua cerró su periodo legislativo sin cumplir su promesa de discutir y aprobar reformas a la Ley Electoral para los comicios del año próximo.

El 9 de enero de 2020, Gustavo Porras, presidente de la legislatura, hizo alusión al tema al presentar la agenda anual del Parlamento. En ese entonces dijo que fortalecería el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral.

Nada de eso sucedió en la cámara, por el contrario, Porras dejó en claro a los diputados que la prioridad en 2021 será aprobar la reforma constitucional que establece la cadena perpetua para crímenes de odio.

“Nuestra primera tarea es trabajar el artículo 37 (de la Constitución) y luego pasar a la reforma del Código Penal”, dijo el parlamentario sandinista.

Analistas políticos como el exdiputado Agustín Jarquín Anaya, sostienen que ya no se podrán implementar las reformas constitucionales que demanda la oposición entre sus exigencias para el próximo año, entre ellas, la eliminación de la reelección o el umbral de votación, pero todavía se pueden hacer los cambios necesarios en la Ley Electoral.

“Si son reformas que tienen características constitucionales, si es una reforma a la constitución no hay tiempo, pero si hay tiempo para la reforma electoral y el nombramiento de magistrado y establecer una estructura electoral que actúe conforme a la ley”, dijo Anaya.

Para José Pallais, integrante de la Coalición Nacional opositora, se ha cerrado la oportunidad de reformar la Constitución en aquellos puntos de relevancia electoral, porque esto requiere de dos legislaturas, pero aún se puede reformar La Ley Electoral, y esto podría hacerse, con voluntad del gobierno, en los dos primeros meses de 2021.

“Lo que pasa es que la voluntad no se aprecia, no se ha convocado a elecciones del 2021, no existe un anteproyecto de ley de parte del Ejecutivo, no se ha negociado, no se ha normado, mientras la oposición sí ha presentado sus propuestas, de cuáles serían las líneas generales y esta lista con una propuesta en la que se detalla artículo por artículo cómo esas líneas generales deben trasladarse para la reforma concreta en la Asamblea Nacional”, señaló.

Presiones internacionales

Ante la resistencia del gobierno, la presión internacional se mantiene y esta misma semana el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, dijo que una señal que indicaría la legitimidad del próximo proceso electoral sería el cumplimiento de las demandas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El analista político José Dávila aseguró que el gobierno tiene aún tiempo y oportunidad de aprobar las reformas electorales y propiciar un proceso justo.

“No solo Estados Unidos sino la comunidad internacional va a presionar más a (el presidente Daniel) Ortega. Realmente Ortega no abandona su retórica, no abandona su ataque a los Estados Unidos y en vez de dar las reformas electorales y restaurar las libertades públicas, sigue con las amenazas”, dijo Dávila.

En octubre la OEA demandó al gobierno garantizar “elecciones libres y justas” y estableció mayo de 2021 como un plazo máximo.

A grandes rasgos, la OEA demanda al gobierno de Nicaragua un despliegue amplio y efectivo de misiones de observación electoral, una modernización del Consejo Supremo Electoral, controlado por el oficialismo, apertura para que nuevos partidos políticos puedan inscribirse, actualización de los registros electorales y auditoría independiente de las listas de votantes, entre otros aspectos.

En tanto, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional convocó a los diputados acreditados a una sesión extraordinaria este 21 de diciembre, aunque todavía no se conoce cuáles son los temas que se abordarán en esta sesión.