Diputados ticos rechazan abreviar proceso sobre delitos de corrupción
LA JORNADA

Diputados ticos rechazan abreviar proceso sobre delitos de corrupción

San José – Sólo 35 de los 57 diputados de la Asamblea Legislativa apoyaron una moción para dispensar de trámites una reforma legal para que los delitos de corrupción no prescriban en Costa Rica, presentado por legisladores de diferentes partidos.

De esa forma, la iniciativa para reformar la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de manera que los delitos previstos en dicha normativa no prescriban y puedan ser juzgados en cualquier momento, no alcanzó los 38 votos requeridos para colocarla en el primer lugar del debate del Legislativo tico.

La diputada del partido Frente Amplio (FA) Patricia Mora afirmó a la prensa que resulta una pena que hayamos podido dar a la ciudadanía una muestra contundente de que la Asamblea Legislativa está dispuesta a combatir la corrupción.

Contó que ‘hace unos días un columnista escribió que los diputados no apoyarían este proyecto porque no estaban dispuestos a meterse con los de su clase… hoy parece que lleva razón’.

No obstante, Mora, también presidenta del FA, expresó su confianza que en su momento, este proyecto logrará aprobarse. ‘Hoy contamos con 35 votos y en días pasados varios precandidatos (presidenciales) le dieron su apoyo al proyecto. En el Frente Amplio estamos seguros de que se va a aprobar’, sostuvo la diputada.

Un comunicado de prensa del FA apunta que debido a su naturaleza, la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública son delitos cometidos por las autoridades de turno, que suelen conocerse hasta tiempo después de cometidos.

En estos casos, los acusados de corrupción cuentan con una serie de prerrogativas como la inmunidad, si son miembros de supremos poderes, el manejo de la información y el acceso a las pruebas, afirma y agrega que la llegada del plazo de prescripción de la acción penal se convierte en un premio para el delincuente cuello blanco.

El proyecto legal mencionado impediría que políticos o funcionarios acusados de corrupción alarguen los procesos esperando que sus causas prescriban.

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