También propusieron que el documento de la titular de DDHH de la ONU sea leído en el Consejo de Seguridad
El pasado lunes, el Grupo de Lima, conformado por gobiernos, principalmente latinoamericanos, que se oponen a la administración de Nicolás Maduro, acordó enviar el informe de la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, Michelle Bachelet, a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bom Bensouda.
El objetivo, según dice la Declaración del Grupo de Lima, emitido tras la XV reunión de los cancilleres de la agrupación, realizada en Buenos Aires, Argentina, es que el documento “sea tenido en consideración en el curso de los procedimientos que lleva adelante (la fiscal)”.
En septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú presentaron ante la fiscal de la CPI una solicitud para que abrir una investigación contra Maduro por su presunta violación a los derechos humanos en Venezuela.
A la petición, luego se sumaron Costa Rica, Francia y Alemania. Los solicitantes apelaron al artículo 14 del Estatuto de Roma de la CPI, que establece que un Estado Parte puede demandar la investigación de otro de los adherentes de este tribunal de lesa humanidad.