La CIDH manifestó que los países mencionados en el titular de este
artículo complican la labor del organismo internacional dentro de esos
territorios.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantiene a Cuba, Honduras y Venezuela dentro de su "lista negra" de naciones que necesitan aplicar una especial mejora de los derechos humanos, según indicó en su Informe Anual, que fue presentado el día de ayer.
La funcionara presidenta de la CIDH, la jamaicana Tracy Robinson, hizo la presentación ayer del texto relativo a 2013, en el que por segundo año Colombia no está presente dentro de la misma lista, quien había conformado la lista por al menos 12 años hasta que fue removida por haber permitido a la Comisión una visita "in loco" y el monitoreo internacional.
El texto, además, señaló la situación de Estados Unidos por el penal de Guantánamo, la libertad de expresión en Ecuador y el derecho a la nacionalidad y no discriminación dentro de la República Dominicana.
El informe ha hecho cambios en la parte de su estructura después de las Reformas a las Reglas de Procedimiento que fueron aprobadas en el mes de agosto pasado, por lo que el Capítulo IV, que fue destinado para a alertar de los países con una situación más preocupante, se ha fraccionado en dos, para crear un análisis general de los aspectos de mayor alarma a lo largo del continente americano.
La Comisión dejo en claro que el comunicado adjunto al texto que tras ese estudio general se agregaron los informes especiales que ha considerado necesarios sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros, destacando este año a esos tres países.
"La sección ha sido preparada de acuerdo con los criterios y metodología específicas que se detallan en las Reformas a las Reglas de Procedimiento. Estos informes se basan en la mejor información disponible y se aseguran de que el Estado tiene la oportunidad de responder a los análisis detallados y proporcionar información adicional", aclara.
En el caso de Cuba, la CIDH señaló a través de su informe que persiste "una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia", mientras que se preocupa especialmente por la seguridad ciudadana y la independencia judicial en el caso de Honduras, un asunto que también afecta a Venezuela.
